El sector de infraestructura en Colombia enfrenta “un verdadero apagón financiero” por una presión inusual sobre los recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales (FCEE), la incertidumbre regulatoria sobre las vigencias futuras y los aplazamientos presupuestales que han limitado la liquidez del sector transporte, cuyas consecuencias trascienden a las presiones fiscales.
Así lo concluyó un informe del Centro de Estudios Económicos ANIF, en el que se destacó que la combinación de decisiones unilaterales, señales contradictorias desde el Ejecutivo y la incertidumbre han minado la confianza de los inversionistas, lo que “compromete seriamente la capacidad del país para atender sus necesidades de infraestructura en el mediano y largo plazo”.
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Una de las obras con mayor aplazamiento en el Presupuesto General de la Nación (PGN) es la vía 4G Bucaramanga-Pamplona, según la institución, proyecto por el orden de los $181.000 millones a cargo de la ANI. Son en total ocho obras las de mayores aplazamientos, porque presentaban retrasos significativos o estaban paralizadas.
De acuerdo con el equipo de investigadores, si bien los avances logrados en el pasado, como los esquemas Alianza Público Privada (APP) y el diseño de mecanismos de contingencia, probaron ser herramientas sólidas, también revelaron sus límites ante la aparición de riesgos no anticipados y tensiones contractuales.
“Las dificultades enfrentadas llaman a imaginar nuevas formas de construir infraestructura que respondan mejor a los desafíos del contexto actual. Sin embargo, ningún rediseño institucional, por ambicioso o innovador que sea, podrá tener éxito sin un principio básico: la confianza. Sin ella, no hay modelo que funcione, inversión que fluya, ni obra que avance”, se indicó en el texto.
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Para ANIF, reconstruir esa confianza entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía es una condición indispensable para superar el apagón y reactivar el motor de desarrollo que representa la infraestructura para Colombia.
El dato
Según ANIF, en 2003 se creó el mecanismo de vigencias futuras, fortalecido en 2012 con la Ley 1508, que introdujo este modelo para las APP, permitiendo comprometer recursos del presupuesto por hasta 30 años, para proyectos con participación privada y montos superiores a 6.000 salarios mínimos.
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Centro de Estudios Económicos, esto ha sido fundamental para financiar obras estratégicas, como carreteras y puentes, al garantizar pagos futuros a los inversionistas. Además, se cuenta con el respaldo del FCEE, que cubre posibles obligaciones contingentes derivadas de los contratos y se financia con aportes obligatorios de entidades estatales y recursos del presupuesto nacional.
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