Aprovechar el decreto del Estado de Conmoción Interior para agilizar las ayudas correspondientes, es el clamor de las víctimas del conflicto armado en Norte de Santander al Gobierno nacional, tanto de las que ha dejado la última ola de violencia en el Catatumbo, como las que llevan más de 30 años padeciendo los rigores de  la guerra en el departamento.

Con motivo  de visibilizar estas demandas se llevó a cabo un plantón en el parque Santander, donde concurrieron organizaciones, líderes y víctimas en general.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, dijo que las peticiones van dirigidas a acelerar la entrega de recursos que permitan hacer indemnizaciones masivas, generar proyectos para el acceso a vivienda, tanto en la zona urbana como rural, así como también desarrollar un programa para la entrega de tierras inmediata a los campesinos que las perdieron por cuenta del conflicto.

Lea más: Concejales piden mayor eficiencia en recaudo de impuestos municipales

“Nosotros queremos y creemos que el Gobierno nacional debe ajustar ese decreto o más bien generar una inversión inmediata en el territorio. Hasta el momento se ha generado la firma del pacto Catatumbo, pero es un proyecto que va a 10 años. En este momento necesitamos soluciones inmediatas”, expresó Mayorga.

El dirigente y líder social señaló que Norte de Santander es uno de los departamentos con mayor cantidad de víctimas, con más de 500.000 personas afectadas; mientras que sólo Cúcuta tiene más de 100.000 registrados, sin contar los 30.000 que han llegado desde que inició la crisis humanitaria y de orden público en el Catatumbo el pasado 16 de enero.

Asimismo, indicó que de ese total de víctimas, “nos atrevemos a decir que más del 80 por ciento no ha sido indemnizado y tampoco reparado integralmente”, dijo Mayorga.

Víctimas de ayer y de hoy

Luz Mary era una de las víctimas presentes en el plantón. En su vida ha sido desplazada tres veces, primero por los paramilitares en 1999, luego de por el conflicto entre el Epl y las Farc; y la última vez el pasado 16 de enero, cuando tuvo que dejar a medio atender un herido en su droguería  en La Gabarra, luego de recibir un ultimátum de un integrante del Eln, quien le alertó “váyase porque la van a matar”.

“Yo nunca había formalizado denuncia como víctima sino hasta ahora. Antes estaba joven, y el pensar de uno era que se podía levantar nuevamente, pero ahora es distinto. Yo dejé mi droguería y ya sé que lo perdí todo, por allá no puedo volver, porque me han declarado objetivo militar”, dijo la mujer.

Lea más: En Cúcuta hay suficientes maestros, pero están mal distribuidos, ¿por qué?

Su clamor, como el de muchas de las víctimas, es que la ayuden a conseguir un trabajo para poder garantizar su sostenimiento. Lo mismo pide Israel, desplazado hace varios años de Teorama, quien está cansado de que lo miren con lástima y lo traten como “limosnero”, pide una oportunidad laboral para poder vivir dignamente.

Mary Ortiz es desplazada de Puerto Santander, lugar del que tuvo que salir huyendo en 2012 luego de que su hijo fuera asesinado en medio del conflicto entre los “pelusos” y las Farc. Desde entonces vive donde un familiar en Cúcuta.

Se registró como víctima y durante un tiempo recibió la ayuda económica de poco más de 400.000 pesos, sin embargo, hace cuatro años que ya no la volvió a recibir, por lo que pide que su caso sea revisado y le puedan asignar la pensión o la indemnización, pues con 68 años asegura ya no estar en condiciones para trabajar.

El temor de los líderes sociales

Los líderes sociales también hicieron sus peticiones al Gobierno nacional, toda vez que por la labor que desempeñan en las comunidades también terminan convertidos en víctimas, producto de las amenazas que reciben de los grupos armados al margen de la ley, las bandas criminales y la delincuencia común.

Su llamado va dirigido principalmente a las autoridades de seguridad, pues “estamos desamparados y no sentimos que tengamos garantías”, dijo por su parte  una líder del barrio María Teresa de Cúcuta, donde enfrentan problemas de servicios públicos, pero también de seguridad, por la presencia de organizaciones asociadas al microtráfico.

Aseguró que en este momento, en la capital nortesantandereana, prácticamente todos los presidentes de juntas de acción comunal se encuentran bajo amenaza de los diferentes grupos que operan en los barrios y comunas, por la única razón “de trabajar por nuestras comunidades  y tratar de buscar el bien común”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion