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Cúcuta
¿Quién responde por las muertes de pacientes en Colombia? Mesa de usuarios exige respuestas
Veedores, usuarios y pacientes le piden al Gobierno nacional y a los órganos de control que ofrezcan soluciones reales a la desatención en el servicio de salud que prestan las EPS.
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Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Martes, 30 de Septiembre de 2025

Los veedores de salud en Cúcuta y voceros de los pacientes en Colombia volvieron a insistir por soluciones para que se obligue a Nueva EPS a prestar los servicios de salud de manera integral y no a cuenta gotas como lo viene haciendo con las remisiones a especialistas y entrega de medicamentos.

Así se desprende de las conclusiones de la Mesa de Asociaciones de Usuarios, que representa a la mayoría de los afiliados de las EPS y Pacientes Colombia, movimiento que reúne a más de 200 asociaciones de pacientes en todo el territorio nacional, cuyos miembros hicieron un llamado urgente para que se tomen medidas inmediatas que frenen el descalabro estructural y financiero que amenaza la calidad de vida y vida del 22 % de la población colombiana. 

El pasivo de Nueva EPS podría alcanzar los 26 billones de pesos al cierre del 2025, según el informe de la Contraloría, escenario que no solo haría inviable la atención de 11,8 millones de afiliados, incluidos el millón de usuarios de Norte de Santander de esta EPS, sino que amenaza con arrastrar a todo el sistema, poniendo en riesgo a millones de colombianos y profundizando la crisis financiera del sector. 

Los representantes de los usuarios y pacientes denunciaron que desde hace más de dos años alertaron a las entidades de Gobierno, organismos de control e instituciones encargadas sobre el inminente apagón del sistema de salud, enfatizando en que, si el Gobierno nacional no atendía con celeridad la crisis, se generarían miles de muertes evitables. “Hoy esta advertencia es una realidad”, indicó el vocero de los pacientes, Denis Silva.

Aunque el sistema de salud ya presentaba fallas históricas que requerían especial atención, no se puede desconocer que en los últimos 3 años se agudizó la crisis por el abandono del Gobierno actual.


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Así quedó demostrado en el informe de la Contraloría en relación con la medida de intervención de Nueva EPS, ‘Lejos de mitigar los riesgos, dicha medida ha coincidido con un agravamiento en los principales indicadores evaluados -endeudamiento, anticipos, patrimonio y reservas técnicas—, lo que sugiere que los mecanismos implementados no han sido eficaces para corregir las deficiencias estructurales identificadas’.

“El remedio fue peor que la enfermedad, los usuarios de Nueva EPS no nos habíamos enfrentado a una situación de incertidumbre tan crítica. indicó por su parte Esperanza Arias, presidente de la Asociación de Usuarios de Nueva EPS. 

Las consecuencias son devastadoras: citas canceladas, interrupción de tratamientos, cierre de IPS por falta de pagos, talento humano en salud trabajando en condiciones precarias, aumento en el gasto de bolsillo, incremento de PQRs y tutelas, y lo más grave, pacientes falleciendo por la negación de servicios y medicamentos. 

¿Quién responde por las vidas perdidas?

Hablar de la crisis de Nueva EPS no es solo hablar de la deuda de más de 21 billones de pesos, lo primero son los pacientes. Por eso, desde la Mesa de Asociaciones de Usuarios y Pacientes Colombia rechazamos cualquier acto de corrupción al interior del sistema y esperamos que las autoridades competentes actúen con la celeridad y respeto al debido proceso. Somos enfáticos en exigir respuestas concretas e inmediatas: 

Silva insistió en llamar la atención de las autoridades: quién responde por la crisis humanitaria en Nueva EPS. Quién responde por los pacientes de alto costo que hoy no están recibiendo servicios de salud, medicamentos.

Agente interventor de Nueva EPS, Gloria Libia Polania /Foto cortesía


El líder de la salud denunció que la Superintendencia recibe las quejas y las archiva, lo que aumenta la impunidad con que se están mirando las soluciones.

Luis Gómez, veedor de salud, denunció que los pañitos de agua tibia que dio Nueva EPS a comienzos de mes al llegar a acuerdos con algunas IPS, no alcanzan “a tapar la terrible negligencia con que se están prestando los servicios en Cúcuta. 

“A los pacientes de alto costo y de enfermedades raras les está tocando comprar sus medicamentos de su propio bolsillo porque CAFAM, el dispensario contratado por Nueva EPS no está entregando la totalidad de los medicamentos que receta el médico.

Hay hipertensos, enfermos de cáncer, VIH y diabéticos que tienen sus tratamientos interrumpidos y la Supersalud se hace la de la vista gorda, no actúa ni ejerce la verdadera vigilancia en favor de los usuarios, denunció Gómez.

Los dispensarios de Nueva EPS solo están dedicadas a entregar recibos de pendientes de medicamentos, los mismos que nunca entregan. Hay usuarios a los que les deben medicamentos desde el año pasado, nunca se los entregaron, reiteró el veedor de salud.


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Nueva EPS se defiende

En respuesta al informe de la Contraloría sobre la crisis financiera de la entidad, así como de las denuncias de los voceros de las asociaciones de usuarios y pacientes, la agente interventora de Nueva EPS, Gloria Libia Polania respondió que la salud de los afiliados está asegurada. 

La investigación que adelantan los entes de control no afecta la continuidad de los servicios de salud que ofrecemos, llegamos con el compromiso de desarrollar un trabajo de estabilización de pagos y la reapertura de servicios en la que hemos venido avanzando y que nos permite asegurar que Nueva EPS continua su operación” afirmó Polanía.  

Dijo que dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia Nacional de Salud a se ha adelantado un plan con prestadores de salud, para revisar y legalizar los pagos realizados por servicios ya prestados y que se definen en el informe mencionado como anticipos. 

El veedor ciudadano y director de la fundación Provida, Nicolás Salazar,  denunció que en Cúcuta muchas IPS han dejado de prestar sus servicios a Nueva EPS por los incumplimientos en los pagos, colocando en riesgo la estabilidad financiera no solo de estas instituciones, sino condenando a muerte a muchos pacientes terminales, con discapacidad y enfermedades de alto costo. 


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