Por el presunto uso indebido de dineros públicos para la contratación de servicios de promoción personal a través de las redes sociales del Concejo de Cúcuta, fue interpuesta una demanda contra la investidura de la presidenta de la corporación, Carime Rodríguez, ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
El accionante es el veedor social Miguel Ángel Florez, quien aseguró que el supuesto manejo contractual que viene haciendo la concejal configura una seria falta al artículo 10 de la Ley 1464 de 2011, o Estatuto Anticorrupción de Colombia.
Florez indicó que entre las pruebas consignadas como respaldo de la denuncia se encuentran copias de los contratos 034, 073 y 097 de 2025, por medio de los cuales se habría empleado a profesionales para el manejo de las redes sociales de la corporación con el supuesto enfoque personalista.
Señaló que como evidencia se adjuntaron varias de las piezas audiovisuales publicadas en redes sociales de la corporación, en las que “claramente se ve la marca, su nombre y su mensaje personalista”, dijo Florez.
Indicó que para el análisis de ese material solicitó al tribunal un “peritazgo informático forense” para que establezca la autenticidad de los mismos, “porque no se trata de prejuzgar, sino se trata de que, con la verdad, el tribunal tome la decisión que corresponde”, señaló el veedor social.
Como antecedente de este hecho, Flórez se refirió a un caso similar ocurrido en Yopal, Casanare, también con la presidenta del Concejo en el periodo 2013, Gloria Cárdenas, por incurrir en la misma falta.
Respecto al tiempo que podría tomar resolver esta causa, el veedor social dijo que los plazos de pérdida de investidura son más cortos que los de nulidad electoral, por tanto la segunda instancia debería estar resuelta en menos de un año; y en cuanto al resultado del fallo indicó que “de respetar el precedente judicial, es alta la posibilidad de ser declarada la pérdida de investidura”.
Tranquila y sin remordimientos
La presidenta del Concejo reaccionó frente a la demanda, aunque dijo estar tranquila, pues aseguró que “he venido ejerciendo mi cargo de una manera clara, transparente, contundente, con mucho trabajo por la ciudad, apegada siempre a la Constitución y la ley, respetuosa de todos los actores”.
Expresó que situaciones como estas son normales cuando una persona está en la función pública, en este sentido, celebró que este tipo de acciones se puedan hacer, “estamos en Colombia, donde la gente puede hacer este ejercicio de control y vigilancia, como lo está haciendo este veedor del departamento”, dijo Rordíguez.
En todo caso, manifestó que ejercerá su derecho a la legítima defensa ante los estrados judiciales, confiando en que la transparencia con la que ha desarrollado su carrera en lo público desde hace 30 años será su respaldo para salir bien librada.
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