Un esclarecimiento muy bajo en los homicidios, fue exactamente la frase que pronunció el coronel Libardo Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, al referirse a uno de los factores que inciden en el alto índice de muertes por ataques armados que se vienen registrando en la ciudad, la cual, en las últimas horas, superó los 365 casos con los que cerró 2024.

La afirmación del comandante de la Mecuc deja en evidencia una de las falencias que viene enfrentando el aparato de justicia, no solo en el departamento, sino en todo el país.

Por esta razón, La Opinión consultó fuentes judiciales para conocer qué está sucediendo en el sistema de justicia local y por qué se presenta el retardo procesal en las diferentes instancias.

Desde la seccional Norte de Santander de Asonal, el sindicato que agrupa a los trabajadores judiciales del departamento, reconocieron que, en general, actualmente “existe una congestión importante en las diferentes instancias, con jueces y fiscales que pueden tener a su cargo más de 3.500 casos pendientes”.

El vocero de la organización gremial indicó que, además de la sobrecarga laboral, otro de los inconvenientes es el número insuficiente de defensores públicos. “Es una situación compleja que está afectando la justicia en este momento”, aseguró.

La dificultad de los homicidios 

La fuente explicó que el tratamiento del homicidio como fenómeno criminal es particularmente difícil en Norte de Santander, a pesar de que se cuenta con una unidad especial, la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho), conformada por Policía Judicial e investigadores de la Fiscalía, para el abordaje de los casos.

La convergencia de numerosas estructuras delictivas en un mismo territorio es uno de los principales factores que complican el panorama. Asimismo, el hecho de destinar funcionarios de investigación a labores de vigilancia en estadios, conciertos o estaciones policiales representa otro inconveniente.

Por otra parte, los diferentes móviles detrás de un homicidio también dificultan el avance. “Pasa de todo y converge todo: intolerancia, crimen organizado, disputas por el microtráfico, extorsión. Son muchas situaciones”, explicó la fuente, y señaló que en los últimos casos se trata de asesinatos por encargo.

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Aseguró que el problema más grande tiene que ver con el acceso a la evidencia, ya que “por miedo la gente no colabora mucho con la información. Cuando vamos a las inspecciones, la gente no quiere hablar. Hay mucho temor en la ciudadanía”, dijo.

“Mientras no tengamos esa colaboración de la comunidad va a ser muy difícil”, sostuvo el vocero de Asonal, y añadió que “si tenemos pruebas testimoniales, si la gente colabora con videos o con información, incluso de la misma víctima, podemos avanzar más rápido. Pero muchas veces los parientes de la víctima quedan aterrados y no aportan mayores elementos”.

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Indicó que los casos con avances más significativos son las flagrancias, es decir, aquellos en los que las personas son capturadas cometiendo el delito. “Esas son las condenas más rápidas, pero en el caso de los homicidios difícilmente ha sido así”, apuntó el agremiado judicial.

La frontera no ayuda

Ser territorio de frontera es otro factor en contra, pues “Venezuela es el lugar al que huyen los delincuentes después de cometer los crímenes”, afirmó la fuente, quien señaló como agravante que “no hay una colaboración efectiva en materia de justicia por parte de las autoridades del vecino país”. 

Esto, a pesar de que en múltiples ocasiones se ha hablado en reuniones binacionales entre los gobiernos de Táchira y Norte de Santander de trabajar en un mecanismo de intercambio de bases de datos que permita una persecución conjunta del crimen. Sin embargo, la iniciativa ha quedado solo en palabras, sin avanzar en acciones concretas.

Delitos de mayor impacto

De acuerdo con el oficial de justicia, en la seccional de Norte de Santander se registran los diferentes delitos, aunque el de mayor ocurrencia es el hurto, el cual genera mayor congestión. 

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El microtráfico también registra bastante ingreso, así como la violencia intrafamiliar, especialmente disparada -dice la fuente- además de los casos por lesiones personales, accidentes de tránsito y de inasistencia alimentaria, derivada de los problemas de desempleo que enfrenta la ciudad, “todos estos delitos impactan de manera importante el sistema”.

Recorte presupuestal 

Como si no fuera suficiente el caos que enfrenta el sistema judicial, se espera para el próximo año un recorte presupuestal de al menos 74.000 millones de pesos, el cual promete agudizar aún más la situación.

“Teníamos la expectativa de ampliar la planta de personal para el próximo año, pero ese recorte va a suponer un impacto significativo en todo el sistema. Así que, lejos de mejorar, vamos a tener muchas dificultades a todo nivel”, anticipó el funcionario judicial.

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