Todo lo que ocurre en el Catatumbo termina teniendo eco en Cúcuta. Así lo ha reiterado en varias oportunidades el alcalde Jorge Acevedo al referirse a los fenómenos de violencia que afectan a la región y que, inevitablemente, incrementan la percepción de riesgo en la capital nortesantandereana.

La preocupación no es menor. La transformación del conflicto armado en el Catatumbo —donde los actores ilegales han reemplazado en gran medida las balas y las minas antipersonal por explosivos lanzados desde drones— ha puesto en alerta a las autoridades cucuteñas, que temen que esta modalidad de ataque pueda trasladarse al entorno urbano.

En ese contexto, a finales de 2025 el mandatario municipal presentó públicamente la implementación de un sistema antidrones tipo radar, destinado a monitorear el espacio aéreo de la ciudad. Según Acevedo, se trata de una inversión estratégica para “blindar a Cúcuta” frente a posibles atentados con aeronaves no tripuladas.

“Nosotros lo que estamos haciendo no es otra cosa que proteger la ciudad de eventuales ataques con drones. Sabemos que es una realidad que estamos viviendo y por eso se hizo la inversión”, afirmó el alcalde durante el anuncio.

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De acuerdo con la información oficial, los equipos adquiridos por la Alcaldía  tienen un radio de alcance de hasta 500 metros y permitirían inhibir la señal de drones considerados hostiles, forzando su descenso de manera controlada.

Sin embargo, quienes emplean drones en la ciudad para sus distintas actividades profesionales consideran que hace falta mucha información sobre sobre la metodología que se empleará para reconocer los drones hostiles y los que no lo son.

Incertidumbre entre pilotos 

Ellos se preguntan con qué criterios técnicos, legales y administrativos se determinaría cuándo una aeronave no tripulada representa una amenaza y, en consecuencia, puede ser neutralizada.

“Se hace necesario un consenso de las autoridades, no solo en el aspecto tecnológico sino en el tema de las autorizaciones. No está claro quién decide y bajo qué parámetros, y eso es urgente, porque quienes hicimos una inversión importante no podemos quedar expuestos a perder nuestros equipos”, expresó Abelardo Rueda, productor audiovisual de la ciudad.

La Opinión consultó a varios operadores civiles de drones, quienes coincidieron en reconocer la compleja situación de seguridad que atraviesa la ciudad, pero también manifestaron su preocupación por la falta de claridad normativa y por el riesgo de que sus herramientas de trabajo sean derribadas.

Juan Pablo Bayona, fotoperiodista de la Gobernación, productor audiovisual y creador del portal Los manes del drone, señaló que el contexto de violencia explica la alarma de las autoridades.

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“Es evidente que hoy hay grupos armados usando drones para cometer atentados y eso genera miedo. Pero también es importante decir las cosas como son y con sustento”, afirmó.

Bayona fue enfático en aclarar que, hasta el momento, no existe ningún decreto ni orden oficial que restrinja el uso de drones en Cúcuta ni que obligue a registrarlos ante la Policía. “En materia de drones, la Policía no es la autoridad que autoriza vuelos ni regula su uso. Esa función es exclusiva de la Aeronáutica Civil”, explicó.

La norma vigente y el trabajo en campo

En efecto, en Colombia, el uso de drones está regulado por la Aeronáutica Civil, que exige el registro del equipo, la acreditación del piloto, el cumplimiento de requisitos técnicos, el respeto de alturas, horarios, distancias y zonas restringidas, así como el rol que se desempeña con el equipo, si es por recreación o por explotación comercial, conforme a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC).

“No se hace ante la Policía, se hace directamente ante la Aerocivil”, recalcó Bayona, quien diferenció entre la norma y la práctica operativa. “Cuando voy a volar, informo a la Policía del sector por prevención y respeto, no porque ellos otorguen el permiso legal, sino para evitar malentendidos o alarmas innecesarias”.

También fue categórico al afirmar que la Policía no puede ordenar el derribo de drones civiles que estén operando dentro del marco legal. “Regular no es lo mismo que estigmatizar. No se puede hacer creer que cualquier persona que vuele un dron está cometiendo un delito”, señaló.

Según el fotoperiodista, en Cúcuta los drones se utilizan para periodismo, gestión del riesgo, topografía, producción audiovisual y monitoreo técnico. “El camino no es prohibir ni generar miedo, sino aplicar la ley correctamente y diferenciar al que trabaja legalmente del que usa un dron para hacer daño”, agregó.

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Entre la prevención y el temor

Para el productor audiovisual César Obando, la creciente militarización del uso de drones obliga a extremar precauciones. “Estos aparatos se han convertido en armas de guerra. Lo mejor es hacer el curso, obtener la licencia y estar bien acreditado”, afirmó.

Obando reconoció que ha optado por no utilizar su dron en ciertos sectores para evitar suspicacias. “El palo no está para cucharas. La situación del país se ha vuelto muy sensible para quienes buscan informar”, concluyó.

La postura oficial

Consultado por La Opinión, el coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, confirmó que actualmente no existe ningún acto administrativo —decreto, resolución o circular— que obligue al registro de drones ante la Policía para operar en el municipio.

No obstante, explicó que se adelantan acercamientos entre la institución policial y la administración municipal para diseñar un protocolo preventivo que permita identificar qué drones están legalmente registrados y cumplen las condiciones de operación.

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“El objetivo es proteger la seguridad de la fuerza pública y de la ciudadanía”, señaló el oficial, quien agregó que la Policía revisa un protocolo interno para minimizar riesgos ante el uso de drones que pudieran ser empleados con fines hostiles. Belalcázar reconoció que la autoridad competente en materia de vuelos de drones es la Aeronáutica Civil y es ella ante se debe acreditar el protocolo.

Un antecedente que mantiene la alerta

Las autoridades recuerdan que el temor no es infundado. En la pasada Navidad, en el corregimiento de Filo El Gringo, zona rural de El Tarra, la guerrilla del Eln lanzó una serie de ataques con drones cargados de explosivos que destruyeron el caserío en medio de enfrentamientos con disidencias de las Farc.

Según la Defensoría del Pueblo, fueron al menos 84 ataques con drones los que arrasaron esa zona del Catatumbo, un hecho que hoy sirve de antecedente para justificar la alerta en Cúcuta.

El alcalde Jorge Acevedo insiste en que lo que se va a hacer es para prevenir ataques con drones en la ciudad y brindar plenas garantías de seguridad a la población. Por eso la alcaldía se dotó del software antidrones más importante del país, concluyó el mandatario.

Qué dice la norma
1.    La Reglamentación Aeronáutica de Colombia 100 (RAC) establece que la Aeronáutica Civil de Colombia (UAEAC) es la autoridad competente para regular: o El uso del espacio aéreo civil, o el registro de aeronaves no tripuladas, o las condiciones de operación de los UAS.  

2.    La misma RAC 100 reconoce que las entidades de Policía, en el marco de la Aviación de Estado, pueden operar Unidades no tripuladas (UAS) y adoptar medidas de seguridad en operaciones de orden público, sin perjuicio de la protección del resto de aeronaves civiles.  

3. La RAC 100 no establece la obligación de realizar registros adicionales ante la Policía Nacional para la operación de drones civiles legalmente registrados ante la UAEAC, ni delega en dicha entidad la facultad de crear un sistema paralelo de autorización aeronáutica.  

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