Elena*, una joven de 25 años que residía en un barrio humilde a las afueras de la ciudad. Lidiando con deudas y en medio de una pobreza extrema, un día se encontró a una conocida que le propuso un “trabajo” bien remunerado: llevar en su vientre el hijo de una pareja extranjera muy adinerada.
Angustiada por la necesidad económica, aceptó el trato, a pesar de sentirse incómoda con el término “alquiler de vientres”. El acuerdo, redactado por un abogado de la familia “contratante”, se limitaba a establecer el pago a cambio de la entrega del bebé cuando naciera. No había cláusulas que garantizaran el cuidado integral, el apoyo psicológico ni el seguimiento posparto, dado que no existe una ley que lo exija.
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A medida que el embarazo avanzó, Elena* desarrolló un profundo vínculo afectivo con el niño que crecía dentro de ella. La familia contratante la trataba con estricto interés comercial, imponiéndole reglas rígidas sobre su alimentación y movilidad, viéndola únicamente como el “medio para un fin comercial”.
El día del parto, Elena* se sintió desamparada y su dignidad fue ignorada. Cuando expresó sus dudas, un abogado le recordó el dinero que había recibido, sujetando su libertad a su necesidad económica. Esa fue la última vez que pudo ver al bebé, el cual, contractualmente, no era suyo, aunque estuvo en su vientre.
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Una abogada que investiga la necesidad de una ley de gestación subrogada basada en derechos humanos intentó ayudar a la madre. Sin embargo, ante la ausencia de una regulación clara, no había herramientas jurídicas para detener la dinámica de explotación reproductiva que se había generado.
La historia de Elena*, inspiración para abogados
Un equipo de abogados investigadores de la Universidad Simón Bolívar presentó, luego de tres años de trabajo, un estudio titulado Subrogación en Colombia: contribuciones a una regulación transaccional que garantizará los derechos humanos, con el objetivo de sentar las bases argumentativas para una nueva ley que regule casos como la historia anteriormente conocida.
La investigación, publicada en la prestigiosa revista Social Sciences, de la editorial suiza MDPI, indexada en la base de datos científica Scopus en categoría Q2, le otorga un peso argumentativo ineludible al debate y es una joya no solo para la comunidad jurídico-científica, sino también para que el Congreso de la República logre sacar adelante un proyecto de ley que regule este fenómeno social. A la fecha, se han presentado cerca de 16 proyectos y todos han sido archivados.
El trabajo de investigación fue liderado por los abogados de la Universidad Simón Bolívar, campus Cúcuta, Juana Valentina Apolón y Dany Alejandra Téllez, con la orientación permanente del profesor Wilkar Simón Mendoza Chacón y la directora del programa de Derecho, Shirley Ramírez Villamizar.
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La historia de Elena* es el ejemplo trágico de muchos casos que ocurren en Colombia. Se estima que al menos entre 5.000 y 8.000 demandas llegan a los estrados judiciales impugnando paternidad o maternidad por casos de gestación subrogada, un problema que, más que evidentes vacíos jurídicos, deja el camino abierto a la explotación y vulneración de derechos humanos en el país.
Un giro al paradigma, un ajuste gramatical y otras ideas base para la sustentación
“Se han presentado dinámicas donde mujeres en situación de vulnerabilidad o de escasos recursos terminan participando por necesidad económica. La comparación con México evidenció la existencia de toda una red de explotación de mujeres, especialmente vulnerables, del campo, sin estudios o de muy escasos recursos, y que hay personas, principalmente extranjeros, que se aprovechan de esta vulnerabilidad y pagan para exigir a la gestante que se sujete a dinámicas reproductivas que rayan con la dignidad y los derechos humanos”, afirmó Mendoza Chacón.
Los investigadores señalan que rechazan el término “alquiler de vientres” porque la palabra “alquiler” implica un pago, y precisamente el pago es el primer y más importante factor de riesgo, ya que “si se paga de una vez hay explotación”. El objetivo es que el ejercicio no esté sujeto a pagos para evitar la explotación mercantil, donde el dinero “automáticamente sujeta la libertad de una persona a su necesidad”.
Otro de los cambios propuestos es que la subrogación de la gestación no esté atada a fines comerciales, sino que responda a un interés altruista. El abogado Mendoza explica que “dentro de las grandes propuestas que planteamos está que, al ser un estudio integral, debe haber un antes, durante y después de la evaluación. Debe existir una evaluación de condiciones socioeconómicas, acompañamiento psicológico, un control institucional claro y también una prohibición de intermediación comercial. La misma jurisprudencia ha sido muy clara con ello”.
Una de las propuestas de este estudio con sello Unisimón es que, para asegurar que la mujer no sea manipulada por su situación financiera, se debe exigir que la gestante tenga al menos el mismo nivel educativo y capacidad socioeconómica que las personas que la contratan. Esto actuaría como un filtro de protección real, asegurando que su decisión provenga de la voluntad y no de la necesidad.
El proyecto plantea que la ley debe prohibir la participación de extranjeros en los acuerdos de gestación subrogada. Esta medida es clave para cerrar la puerta a las redes transnacionales que históricamente han utilizado los vacíos legales para el comercio clandestino y la explotación de mujeres vulnerables.
Otra de las recomendaciones es que el foco de la regulación debe estar en el niño que nace. Los gametos (material genético) deben pertenecer a los padres que criarán al menor. Además, el registro civil debe modificarse para dejar constancia de que el niño nació por gestación subrogada. “Esto garantiza el derecho humano del menor a conocer sus orígenes, protegiendo su desarrollo socioemocional”, asegura el profesor.
Según Juana Valentina Apolón, la urgencia no es solo de carácter teórico, pues preocupa que los derechos estén llegando tarde a una realidad que ya se está desarrollando sin control. “Hay afectaciones, no solamente para los padres, sino que también estamos dejando de lado los derechos fundamentales del niño desde el nacimiento. Buscamos que, a partir de este artículo, se sienten algunas bases para la posibilidad de una regulación o una propuesta de valor respecto a cómo debería ser una regulación basada en derechos humanos”.
Mendoza Chacón subrayó la necesidad de abordar el tema desde el derecho penal, más allá del ámbito civil. Señaló que debe existir una herramienta jurídica para “tipificar todas las conductas que se salgan de esas recomendaciones” y que se conviertan en “explotación de la dignidad de la mujer e incluso de la dignidad de los niños”, evitando el riesgo de que los menores terminen siendo vendidos en un mercado negro.
*El nombre ha sido cambiado para proteger la identidad de la fuente.
Autores:
- Juana Valentina Apolón, abogada Unisimón
- Dani Alejandra Téllez, abogada Unisimón
- Shirley Ramírez Villamizar, directora del programa académico de Derecho Unisimón
- Wilkar Simone Mendoza Chacón, profesor Unisimón.
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