Después de desatarse, a comienzos del presente año, el conflicto entre las disidencias de las Farc y el Eln en la región del Catatumbo, cientos de familias fueron desplazadas desde las zonas rurales de sus municipios, y en su mayoría terminaron llegando a la ciudad de Cúcuta, donde, según cifras de la Alcaldía, fueron atendidas más de 24.000 personas.
Aunque la emergencia masiva concluyó en el mes de julio, tal como lo determinó el Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT), Cúcuta sigue siendo refugio de cerca de 3.000 núcleos familiares equivalentes a más de 9.000 personas que han arribado desde estos territorios en busca de apoyo y han sido atendidas mediante rutas individuales.
Según el secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Cúcuta, Leandro Ugarte, los desplazamientos masivos ya finalizaron; sin embargo, la ciudad continúa recibiendo personas remitidas por el Ministerio Público, a través de entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal.
El jefe de despacho comentó a La Opinión que aún se encuentra habilitado un albergue llamado Alojarte, donde actualmente permanecen 30 personas, mientras que otras se hospedan en casas de familiares o conocidos. No obstante, todas reciben apoyo según su situación particular, con ayudas como kits de aseo, alimentación y hábitat.
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Agregó que el albergue cumple con todas las condiciones de salubridad y garantiza las tres comidas diarias a sus ocupantes, servicio que se financia con el apoyo de la Defensa Civil.
La articulación ha sido fundamental
El funcionario resaltó que la articulación entre las autoridades ha sido clave desde el inicio de la contingencia, destacando también el papel de la cooperación internacional y el trabajo adelantado por la Gobernación de Norte de Santander directamente en los municipios impactados por el conflicto.
Con relación a los aprendizajes que dejó esta emergencia, Ugarte indicó que se cumplió con el deber de atender al 100 % de la población que requirió ayuda en su momento, además de las iniciativas lideradas a nivel nacional para enviar donaciones a los afectados.
“No podíamos permitir que las personas desplazadas, que sufrieron atropellos en el Catatumbo, vinieran acá a ser revictimizadas”, afirmó.
El secretario expresó que actualmente no existen condiciones de seguridad para un retorno ordenado, y que muchos damnificados decidieron regresar voluntariamente a sus tierras, mientras otros optaron por reubicarse en el casco urbano de Cúcuta o salir del departamento.
Asimismo, subrayó que Cúcuta, como principal receptor de los afectados provenientes de esta región, brinda los primeros tres meses de ayuda, tiempo durante el cual la Unidad para las Víctimas define si las personas serán o no incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Finalmente, Ugarte ratificó que, mientras persistan los desplazamientos, la ciudad mantendrá su política de acogida. “El trabajo continúa, bajo la convicción de que la atención humanitaria, la reparación integral y la paz territorial son pilares de una Cúcuta solidaria, incluyente y en paz”, concluyó.
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