En segunda discusión ante la plenaria fue aprobado por el Concejo de Cúcuta, el proyecto de acuerdo que autoriza al alcalde Jairo Yáñez para  la destinación de hasta 2.5% del recaudo por concepto del impuesto de industria y comercio para la creación del Centro de Bienestar Animal.

La autorización persigue asegurar, antes del cierre de la vigencia, la fuente de financiamiento, mantenimiento y sostenibilidad del centro para dar cumplimiento a la Ley 2054 de 2020.

La norma en mención dispuso, a través de su artículo 119, que “en todos los distritos o municipios se deberá establecer, de acuerdo con la capacidad financiera de las entidades, un lugar seguro; centro de bienestar animal, albergues municipales para fauna, hogar de paso público”.

Asimismo, en el parágrafo 3° del mismo artículo, estableció que los municipios de primera categoría, como el caso de Cúcuta, deberán implementar dicha reglamentación “dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley”, plazo que expira el próximo mes de septiembre.

En ese sentido, se llevó a cabo el debate que permite al alcalde la modificación del estatuto tributario, aunque en la resolución se resuelve que la autorización dada por el Concejo tendrá un ‘techo’ del 2.5% y que será el mandatario quien fije “el porcentaje a destinar y las vigencias que serán afectadas”. 

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También introduce una condición y es que se hará efectiva solo cuando la administración certifique la disposición del predio destinado para la creación del Centro de Bienestar Animal, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

Víctor Caicedo, concejal animalista de Cúcuta y quien ha liderado desde su curul la puesta en marcha del proyecto, celebró el apoyo prestado por la plenaria a esta propuesta y aclaró que en manos del alcalde está que sea posible o no avanzar en su construcción.

“Él tiene que empezar a tramitarlo con vigencia de septiembre porque le da oportunidad de hacerle hasta entonces y la idea, después de haberse sancionado, es que él lo haga posible”, dijo. 

Caicedo aseguró que ya en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio está la georreferenciación de un lugar, ubicado en el corredor vial suburbano, vía Puerto Santander que la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tendría en disposición de ceder con ese propósito. 

“Yo tengo en mis manos la certificación por parte el Departamento de Planeación Municipal de ese predio que tendrá esa destinación dentro del POT y solo habría que esperar hasta después de la Ley de Garantías para llegar a un acuerdo y se entregue”, afirmó.

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Cuatro proyectos de acuerdo

Este no fue el único proyecto aprobado por la corporación. En el debate salieron a flote otros tres que tiene que ver con la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos, la adición al presupuesto general de la vigencia fiscal 2023 de los saldos no ejecutados el año pasado por el Centro Tecnológico de Cúcuta (CTC) y a unos traslados en el presupuesto general de gastos del municipio. 

Sobre el Proyecto de Acuerdo No. 032 de 2023 que autoriza la adquisición de zonas estratégicas, el secretario de Infraestructura, Jorge Iván Rodríguez, señaló que se trata de 990 zonas de conservación en el páramo de Santurbán que están destinadas a la conservación de fuentes hídricas.

En el caso de los saldos no ejecutados en la vigencia 2022 por el CTC, su directora, Sandra Parra, manifestó que se incorporarán 550 millones con los que buscan fortalecer la formación de los estudiantes, semilleros de investigación y siete programas técnicos laborales.

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