El Sindicato de la Salud de Cúcuta, Asintrasersalud, junto con veedurías ciudadanas de la capital nortesantandereana, elevaron un llamado urgente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que examine la crisis sin precedentes que atraviesa el sistema de salud en Colombia.
En un oficio firmado por Aristides Hernández, presidente de Asintrasersalud Cúcuta; el veedor ciudadano Carlos Martín Rojas Carvajal; y Hermes Madrid, coordinador de la Veeduría en Salud Sinergia Cúcuta, se pide al tribunal internacional evaluar si el Estado colombiano está cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de protección de la vida, la dignidad y la salud de sus ciudadanos.
“El paseo de la muerte” y la vulneración de derechos
Los firmantes advierten que millones de colombianos enfrentan un sistema que, lejos de garantizar un servicio digno y oportuno, se ha convertido en escenario de abandono, sufrimiento y muertes evitables. Entre los problemas denunciados figuran la reiterada vulneración de derechos, el incumplimiento de fallos judiciales, la indiferencia frente a tutelas y desacatos, así como la normalización del llamado “paseo de la muerte”.
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“El Gobierno colombiano no puede limitarse a declaraciones formales; está obligado a tomar acciones concretas, eficaces y verificables que aseguren la atención médica y la dignidad de los ciudadanos”, señala el documento.
Déficit y deudas millonarias
La misiva incluye un análisis financiero actualizado a agosto de 2025 que confirma un colapso sistémico en las EPS. Según el reporte, el déficit acumulado de las aseguradoras asciende a 32,9 billones de pesos, con un patrimonio negativo que pasó de 2 billones en 2022 a más de 11,4 billones en 2025.
La siniestralidad del sistema —que mide los gastos frente a los ingresos— se ubica en un 110,1 %, lo que evidencia que las EPS gastan más de lo que reciben. A esta situación se suma la deuda de la industria farmacéutica, que alcanzó 4,3 billones de pesos en el primer trimestre del año, y el gasto de bolsillo de los hogares en salud, que supera los 14,5 billones, trasladando el peso económico a los ciudadanos.
Impacto en hospitales y personal médico
La crisis también golpea a las instituciones hospitalarias y a los trabajadores del sector. En Norte de Santander, el Instituto Departamental de Salud reportó que, al 30 de julio de 2025, la cartera acumulada de la Nueva EPS y Coosalud sumaba 800.179 millones de pesos, el 39 % de ellos adeudados a instituciones públicas.
Un caso crítico es el del Hospital Universitario Erasmo Meoz, cuya cartera asciende a 589.000 millones de pesos, cifra que incluye retrasos en pagos de EPS y del Estado, como los 1.600 millones correspondientes al SOAT.
El panorama repercute también en la calidad de vida de los profesionales de la salud: un 80,3 % reporta afectaciones en su salud mental y el 59 % ha visto desmejorados sus ingresos, lo que incrementa el riesgo de fuga de talento en un sector clave para la atención de la población.
Llamado a la CIDH
Los líderes sindicales y veedores piden a la CIDH no solo verificar si Colombia cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, sino también exhortar al Gobierno a adoptar medidas urgentes y sostenibles que garanticen un sistema de salud accesible, oportuno, transparente y humano.
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“El Estado colombiano ha fallado en su deber de proteger la vida y la salud de la población. Esta inacción no solo pone en riesgo a millones de personas, sino que además socava principios esenciales de dignidad y bienestar social”, concluyen los firmantes.
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