En épocas electorales, el verdadero desafío de una democracia no es únicamente decidir quién gobierna, sino cómo nos tratamos mientras tomamos esa decisión. Más allá de los programas, los discursos y los resultados, lo que está en juego es la capacidad de una sociedad para convivir con la diferencia sin romperse.
Las elecciones son, por naturaleza, momentos de tensión. En ellas se confrontan ideas, modelos de país, intereses territoriales y visiones de futuro. Esa confrontación es legítima y necesaria. Lo que una democracia no puede permitirse, sin pagar un alto costo social, es que esa tensión derive en insultos, estigmatización, violencia verbal o en la construcción de una lógica del enemigo. Votar en libertad es fundamental, pero deliberar con respeto es igual de esencial.
La urbanidad ciudadana, entendida como cultura de convivencia y respeto, funciona como una infraestructura invisible. No se ve, pero lo sostiene todo. Cuando se deteriora, los efectos se sienten rápidamente: aumenta la agresividad cotidiana, se fractura la confianza, se normaliza el odio y se debilita la legitimidad institucional. En tiempos electorales, esta fragilidad se acentúa, porque la emoción colectiva se intensifica: el ciudadano se vuelve militante, el diálogo se transforma en combate y la diferencia se percibe como amenaza.
Una de las trampas más peligrosas de la contienda electoral es creer que “todo vale”. Que insultar, humillar, ridiculizar o difamar se justifica en nombre de una causa. No es así. La dignidad humana no se suspende por campaña ni se negocia por ideología. La democracia necesita firmeza, pero no crueldad. Por eso, el primer deber ético en tiempos electorales es claro: no deshumanizar. No convertir al otro en caricatura, no reducirlo a un insulto, no tratarlo como si no mereciera existir en el mismo país.
El ciudadano comprometido del siglo XXI no es quien más grita, sino quien cultiva tres virtudes básicas: información, firmeza y decencia. Informado, porque no reacciona ante rumores ni construye opinión sobre cadenas o audios anónimos. Firme, porque defiende sus ideas con argumentos y sin manipulación. Decente, porque no humilla, no difama y no utiliza la violencia verbal como herramienta política. Esa combinación es la base de una democracia madura.
Hoy, además, la contienda electoral no ocurre solo en plazas públicas o debates televisados. Ocurre, sobre todo, en los teléfonos. En WhatsApp, en redes sociales, en comentarios, memes y titulares. Allí, la urbanidad se ha debilitado peligrosamente, porque la inmediatez y los algoritmos premian lo agresivo. En ese entorno, la desinformación se convierte en combustible y el insulto en estilo. Por eso, en tiempos de elecciones, deberían asumirse reglas mínimas de responsabilidad ciudadana: no reenviar información sin verificar, no amplificar rumores, no difundir acusaciones sin pruebas, no exponer datos personales y no celebrar la humillación como entretenimiento. El respeto no se demuestra solo en lo que se piensa, sino en cómo se expresa.
En este contexto, el rol de los comunicadores adquiere un valor central. No son únicamente transmisores de información: son custodios de la palabra pública. Su trabajo influye directamente en cómo la ciudadanía interpreta los hechos, evalúa a los candidatos y construye confianza o polarización. Por eso su responsabilidad es doble: informar con rigor y ejercer el respeto como estándar profesional, tanto hacia la ciudadanía como hacia los candidatos y entre los propios comunicadores. La pluralidad mediática fortalece la democracia; la degradación del lenguaje la debilita.
Cuando las elecciones terminen, la campaña, el conteo y los resultados, quedará lo más importante: la comunidad. Los vecinos seguirán siendo vecinos, las familias seguirán compartiendo la mesa y el país seguirá su curso. Ninguna candidatura vale la ruptura del respeto básico. Ninguna idea justifica el deterioro del tejido social.
Colombia no necesita menos política. Necesita mejor política. Y eso empieza por una mejor ciudadanía. La democracia no se defiende con gritos, sino con respeto. Y, sobre todo, se sostiene reconociendo que la dignidad no es individual, sino compartida.
Cuidar la dignidad del otro, incluso cuando piensa distinto, es el pacto silencioso que permite que sigamos siendo sociedad después de votar. Porque no hay victoria legítima si, al alcanzarla, dejamos una comunidad fracturada.
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