Hacer una evaluación sobre la marcha de la gestión del primer año de un Gobierno es tarea difícil, pero vamos a tratar de hacer algunas valoraciones generales, teniendo claro que se trata de una evaluación muy preliminar.

Es el primer Presidente que no proviene del bipartidismo liberal-conservador, lo cual ya es una novedad y un desafío. Se ha ‘beneficiado’ de la inexistencia de una oposición articulada con liderazgos sólidos. Sin embargo, sí ha contado con una andanada de críticas dispersas, unas más fundamentadas que otras –algunas plenamente salidas de tono-, no muy distinto que a otros gobiernos.

El Presidente inició su gobierno con un símil de una ‘coalición hacia el centro político’, pero que realmente era solo una serie de funcionarios que él había decidido nombrar por diversas razones, pero no eran propiamente producto de acuerdos políticos. Esto ayudó a contar en la primera legislatura con una bancada en el Congreso que ayudó al trámite de proyectos de interés pero que se fue diluyendo.

En el manejo de la política económica, donde sus opositores habían hecho más escándalo, ha mostrado el Gobierno un manejo bastante serio –política macroeconómica, regla fiscal, política para generar empleo juvenil, estímulo a políticas de comercio- y el resultado es relativamente positivo.

En las relaciones internacionales, se destaca un manejo fluido de las relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea y Latinoamérica; ese ha sido un campo en el cual el Presidente, con el apoyo de su canciller ha jugado un rol protagónico importante. Es un campo en el cual el Presidente se ve muy cómodo y valora la importancia de la política global.

En el campo de la ‘Paz Total’, política estratégica del gobierno, el Presidente Petro plantea unos objetivos difíciles de no compartir por la casi totalidad de los colombianos: reducir al mínimo la violencia y colocar la protección de la vida en el centro de la misma. Por ello el cambio de no enfatizar, como en el pasado, en los discursos políticos o no de justificar la violencia y priorizar los impactos de los distintos grupos armados ilegales como sujetos de la misma. Pero, llegar a resultados en ese objetivo tan ambicioso sigue siendo un desafío muy amplio. Por ahora avanzan las conversaciones y primeros acuerdos con el ELN, la única guerrilla histórica que persiste, así como mesas de conversaciones con organizaciones de crimen organizado urbano en el Valle de Aburrá y en Buenaventura; está definido el equipo negociador del Gobierno con una de las disidencias de las extintas FARC, pero sigue pendiente el tema de los grupos más relevantes de crimen organizado.

Su política de dar visibilidad y protagonismo a sectores sociales antes marginados y excluidos, hasta el momento ha mostrado a nuevos protagonistas en las responsabilidades públicas, lo cual no hay duda que se deba valorar positivamente.

Se ha buscado avanzar en poner en marcha aspectos del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, especial énfasis en el tema agrario –titulación y adjudicación de tierras y nueva política frente a cultivos ilícitos-.

Un campo de ambigüedad y preocupación: la política de seguridad y defensa.