En días pasados mencioné en esta columna los problemas de método en los diálogos y acercamientos de paz que adelanta el Gobierno con distintos grupos armados. Allí sostuve que revisar pasadas experiencias sería útil para evitar más errores o, al menos, intentar atenuarlos. Hoy hablaré sobre cómo esos problemas de método afectan las buenas intenciones de las personas que están al frente de este proceso de negociación.

En representación del Gobierno colombiano está la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que en los últimos meses ha tenido trabajo de sobra. No es para menos, pues debe atender el proceso con el Eln y, por otro lado, dirigir los acercamientos con las estructuras criminales para un eventual sometimiento a la justicia. Se dice que, de cincuenta y dos estructuras dispersas en las regiones de Colombia, se puede lograr un acuerdo con las siete más grandes.

Los problemas de método empañan las intenciones de Danilo Rueda, quien lidera estos procesos desde el Gobierno. Señalaré tres casos.

El anuncio del cese al fuego bilateral mencionado por el presidente el pasado 31 de diciembre y que, cuatro días más tarde, tuvo que suspenderse porque el Eln desmintió la versión del mandatario; el fallido encuentro por la paz en el Carmen de Bolívar, cuestionado por la mesa de víctimas y defensores de derechos humanos de la región porque habían sido excluidos de la convocatoria. Ante estas críticas, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tuvo que rectificar vía Twitter y desautorizar la reunión; y, por último, la repentina libertad y posterior recaptura de Jorge Luis Alfonso López, El Gatico, que prendió las alarmas en torno a la figura de facilitadores de paz. 

A estos problemas se le pueden sumar una larga lista de eventos que han tomado fuerza en días recientes, como la delicada denuncia de que hay abogados recorriendo cárceles del país, ofreciendo fraudulentamente libertades y beneficios a cambio de altas sumas de dinero.

Estas situaciones generan más preocupación porque las respuestas del alto comisionado de paz a tantas dificultades -algunas de ellas predecibles en un país que negocia en medio de la violencia- son confusas.

El pasado 20 de febrero el alto comisionado estuvo en la Cámara de Representantes y allí explicó que los avances de seis meses de acercamientos con las estructuras criminales están basados en tres principios: ética de la vida (suspender la tortura, homicidios y desapariciones), ética de la honestidad (quien hace trampa paga las consecuencias) y, en tercer lugar, el deber de realizar expresiones de cambio para generar confianza en el país.

Más allá de las referencias genéricas, no quedó claro en qué consistía cada uno de estos principios y cómo se pueden cumplir en las regiones del país. Tampoco se ofreció un balance de cumplimiento por parte de estas estructuras criminales, a fin de seguir avanzando en un eventual sometimiento a la justicia.

Las buenas intenciones del comisionado de paz necesitan ir acompañadas de una planeación detallada que permita hacer control de cambios y ajustes en la medida en que los eventos se desarrollan. Una gran parte de Colombia quiere que estas negociaciones y acercamientos se concreten, pues disminuir la violencia es un triunfo para la legitimidad del Estado, especialmente en las regiones. En caso contrario, pierde el país, pues se disminuye aún más la confianza en futuros procesos de paz y en las personas que los lideren.