Lamentablemente, las discusiones alrededor de los salarios siguen girando alrededor de la cantidad de pesos que los trabajadores reciben y no de la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirir. En el 2022 un salario mínimo alcanzaba para comprar 107 galones de gasolina, Hoy alcanza para comprar 88. Hace 3 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 76 libras de café en el supermercado. Hoy alcanza para unas 56 libras. En 2025 un salario mínimo alcanza para comprar muchas menos bombonas o facturas de gas. Alcanza para menos entradas a cine. Menos boletas para conciertos o fútbol. Mientras que un salario mínimo del 2022 podía comprar 555 chocorramos, hoy no llega a 490.

Terminé revisando facturas de pedidos a domicilio de 2022 y resulta que hoy un salario mínimo alcanza para menos hamburguesas, para menos perros calientes, para menos chuzopanes, para menos carne, para menos leche, para menos aceite.

La pérdida de poder adquisitivo es peor para los 11.3 millones de colombianos que ganan menos de un salario mínimo y para el 57% de la fuerza laboral, que está por fuera de la formalidad. Según cifras del DANE, dos millones doscientos mil personas pasaron de ganar un salario mínimo o más en 2024 a ganar menos de un salario mínimo en 2025. Mientras tanto, cada persona que sale a la calle a vender aguacates para generar algún ingreso es celebrada por el gobierno nacional como una victoria porque deja de contar oficialmente como desempleada.

Hay dos aspectos que en general pasan desapercibidos en las discusiones diarias pero que vienen restando bienestar y futuro a los colombianos. Por un lado, el obsceno crecimiento del gasto  público que hemos visto, donde el Presupuesto General de la Nación pasó de 350 billones en 2022 a 560 billones recién aprobados.

En español, eso significa que a cada adulto colombiano ahora le toca asumir al año 16 millones de pesos -vía, impuestos, vía inflación o vía deuda- para financiar la vida de millonarios, el despilfarro, el clientelismo y el poder de los políticos que nos gobiernan mientras aumentan la deuda pública y los intereses que nos tocará pagar por esa deuda.  Por otro lado, la premeditada destrucción del sistema de salud, la crisis explícita que prometieron por ideología, hoy tiene disparado el “gasto de bolsillo” en salud (está llegando a 15 billones), especialmente para el 20% más pobre de los colombianos.

Esto quiere decir que gastos que antes eran cubiertos por el sistema, como medicamentos, exámenes y tratamientos, hoy ante el colapso del sistema intervenido por el Gobierno y por el afán de los colombianos por no dejarse morir, terminan siendo pagados directamente por los pacientes y sus familiares.

 En las próximas semanas, desde el centro de Bogotá los sindicalistas y los políticos  anunciarán un nuevo aumento “histórico” del número de pesos que un empleador debe pagar para poder contratar legalmente a un trabajador en EL Zulia o en Antonia Santos. En la vida real, cualquier empresario o emprendedor tendrá que subir sus precios o reducir su formalidad para poder seguir funcionando, poder pagar medicamentos que ya no llegan, poder, pagar nuevos impuestos y retenciones, al tiempo que hace maromas para preservar su vida en medio de aumentos esos sí históricos de homicidios, masacres o de la extorsión que se triplicó desde 2022.

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