Los que estiman que el establecimiento debe seguir como está, con su institucionalidad oxidada, con sus crónicos y variados problemas, con su vulnerabilidad social, con sus debilidades políticas, con su economía de beneficio selectivo para una “mezquina nómina”, al decir de Alberto Lleras; con su clasismo excluyente, con su violencia de atrocidades, con la desbordada corrupción, con la pobreza en que está sumida la mayoría de la población, con salud y educación deficitarias, con desigualdades opresivas, con frustraciones recurrentes, con afectaciones ambientales consentidas, con negación de derechos fundamentales y muchos otros ultrajes a la existencia humana.
En una de esas explosiones de estupidez, hace pocos días, gritaba un congresista del Partido Centro Democrático, que el gobierno estaba obligado a respetar el statu quo de la nación. A eso hay que agregarle las narrativas mentirosas del representante a la Cámara, Miguel Polo Polo y el senador Miguel Uribe Turbay, además de los discursos de otros oficiantes de la misma colectividad cargados de incitaciones al odio con violencia. En ese mismo círculo se encuentran los predicadores de mentiras sucesivas en algunos medios. Es una carga de dogmatismo encaminada a mantener a la nación atrapada en el infortunio.
Esas expresiones de oposición son apenas una parte de la operación que pretende convertirse en barrera contra la posibilidad de un cambio de profundidad en Colombia. La estrategia que se tiene es la de poner en marcha “todas las formas de lucha”, utilizada por las Farc en su guerra contra el Estado de la nación. La réplica es la causa común de los sectores opuestos a mejorar las condiciones de vida de quienes habitan el país. No admiten un proceso de paz total, como tampoco tocar los privilegios excluyentes de quienes se han lucrado durante muchos años del poder del cual se sienten dueños inamovibles.
La realidad verdadera en Colombia es desgarradora y por consiguiente impone cambios de profundidad y no paliativos. La violencia en todos sus matices y vertientes, la corrupción con tantos tentáculos, la deforestación arrasadora, la minería ilegal, la pobreza con hambre, desnutrición y muerte, la salud convertida en negocio y no reconocida como derecho, la justicia con tantos desvíos, tienen a Colombia en postración. Se impone, por consiguiente, un gobierno que cambie el rumbo y garantice una democracia de resultados positivos, poniendo los recursos en función del bienestar de todos. Que cuando los indicadores sean de crecimiento de la economía ese hecho se traduzca en una mayor satisfacción social.
El empeño de utilizar “todas las formas de lucha” en contrariar la dinámica de la historia, que es la de avanzar hacia metas de corrección, es perverso. Es tratar a los colombianos con una subestimación ofensiva.
Los que han tenido el manejo del país son responsables de los negativos resultados ya reconocidos y que exigen la construcción de un Estado Social de Derecho que garantice la dignidad colectiva como está propuesta. Y esta posibilidad tiene nuevos protagonistas y no pueden ser los actores que no tuvieron buenos resultados los que atraviesen los palos en las ruedas que deben abrir el camino del cambio.
A los patrocinadores de “todas las formas de lucha” hay que demostrarles que se les agotó el tiempo.
Puntada
Tiene el movimiento de acción comunal la opción de entrar en una nueva etapa, despojándose de nocivos vicios politiqueros. ¿Están sus líderes decididos a ese cambio?
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