Las casi 200 familias que desde hace 6 años viven en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR Mariana Páez en Mesetas, esta semana anunciaron que un grupo de disidentes de las extintas FARC les habían dado plazo de 30 días para abandonar la zona en la que en estos años se dedicaron a reconstruir sus proyectos de vida, tras desmovilizarse y desarmarse en cumplimiento del acuerdo de paz. La carga simbólica de la decisión es enorme y muy triste. Fue allí, a finales del mes de junio del 2017, en donde las extintas FARC-EP hicieron su último acto de dejación de las armas, en presencia del Presidente y la comunidad internacional, encabezada por la ONU. Desde entonces, los excombatientes trabajaron en proyectos comunitarios, sociales y productivos, que consolidaron ese ETCR como uno de los mejores del país.

El esfuerzo conjunto de autoridades del estado, la agencia de reintegración, la fuerza pública, los desmovilizados y sus familias, permitió que se cumpliera con éxito su reincorporación. Lamentablemente, no son las únicas. Según Pastor Alape, líder del partido Comunes, son varios los ETCR amenazados por los grupos disidentes. En el caso del Mariana Páez, se trata de la crónica de un desplazamiento anunciado. Desde hace meses el estado sabía que alrededor del espacio se mueven disidencias y ya en meses anteriores habían actuado en contra de sus integrantes. Frente a la gravedad de los hechos, la reacción de las autoridades civiles y militares no ha tenido la contundencia suficiente para brindar tranquilidad a quienes habitan el ETCR.

La noticia no puede ser peor para los propósitos de Paz total que animan al gobierno Petro. Que exguerrilleros que entregaron las armas y cumplen con los acuerdos suscritos se vean obligados a abandonar su proceso colectivo de reinserción, debido al justificado temor de que un grupo de hombres armados que incumplieron el mismo acuerdo los puedan asesinar o hacer daño a sus familias, es francamente desolador. El gobierno nacional tiene que reaccionar con fortaleza y entender que su ambiciosa política de paz total pasa necesariamente por la implementación integral del acuerdo del 2016. Hechos como el de esta semana la ponen en serio riesgo. El regreso de la violencia a muchas zonas del país que habían recuperado su tranquilidad y seguridad, se debe precisamente a que el gobierno Duque engavetó el acuerdo y se negó a cumplirlo. Este gobierno, que al contrario del anterior tiene la voluntad política de hacerlo, debe organizarse de mejor manera para mostrar resultados concretos. Si no se puede garantizar la vida de excombatientes o que los desmovilizados puedan continuar con tranquilidad su reinserción en los ETCR, será muy difícil hacia el futuro convencer a otros grupos guerrilleros, como el ELN, de la voluntad y capacidad del estado para cumplir los acuerdos.

Es entonces pésimo el mensaje a la sociedad y a los 13.000 excombatientes de las FARC desmovilizados. Quienes volvieron a las armas y se preparan para sentarse en una mesa de negociación con el estado, al mismo tiempo persisten en la violencia sobre la población civil y en este caso contra sus propios ex compañeros desarmados. Es urgente entonces que el gobierno en su conjunto se movilice a garantizar la vida y el éxito en el proceso de reinserción de los firmantes del acuerdo. Deben exigir de estas disidencias, mal llamadas Estado Mayor Conjunto, que cese toda acción contra los excombatientes. Si el gobierno hace concesiones tan importantes a las disidencias, como la de conceder status político a un grupo cuyo único propósito es el de ejercer control territorial para la captura de rentas criminales como el narcotráfico y la minería ilegal, lo mínimo que debe exigirles con firmeza es que cumplan el cese bilateral pactado y se abstengan de perseguir a quienes desde hace más de 5 años viven en la legalidad. Es la única forma de evitar que se repita, una y otra vez, el circulo vicioso de la violencia que nos afecta.