El discurso de quienes actualmente ejercen la oposición política en Colombia se sustenta en el odio personal, con agravios y distorsiones de la realidad. Sus actores abrevan en las fuentes más turbias y se aferran a las narrativas destinadas a afectar hasta la estigmatización de sus contrarios. Buscan convertir sus mentiras en pruebas que siempre resultan deleznables.

Es un tejido de puntadas erráticas, a la medida de intereses mezquinos. Es el resentimiento por no contar directamente con el poder, que sus antecesores y ellos mismos aprovecharon muchas veces de forma ilícita, hasta el punto de degradar la nación.

La oposición es un derecho y debe protegerse como expresión legítima de la democracia. Si las políticas o actos del gobierno no corresponden al interés general, hay que denunciarlos con toda libertad y sin timidez. Pero esta veeduría crítica impone responsabilidad en el sentido de obrar bajo la garantía de la verdad.

Porque no se trata de alborotos frágiles sino de un ejercicio correctivo de beneficio común. Allí está la clave que garantiza aciertos y resultados que solucionen los problemas que afectan a la comunidad en su conjunto y cierran las posibilidades de progreso.

Los opositores se autopresentan como líderes mesiánicos, salvadores de la patria. Llegaron a la política para la redención de la nación. Dicen que nunca han incurrido en faltas. Pero se les olvida que fueron piezas clave de gobiernos que fomentaron el paramilitarismo, las mafias del narcotráfico y la corrupción.

No reconocen que sus antepasados atizaron la división clasista de la sociedad y construyeron el sistema de desigualdad que predomina en la nación y ha alcanzado su mayor nivel en América Latina. De ese entramado de turbidez institucional resultó el genocidio de las ejecuciones extrajudiciales, que dejó como víctimas a 6.402 jóvenes, acusados de ser guerrilleros, cuando fueron reclutados mediante la violación de los derechos humanos.

Los actores de la oposición en Colombia son cómplices de no pocas operaciones de defraudación de los recursos públicos. O ellos mismos han metido las manos directamente para adueñarse de recursos oficiales, restándole soluciones a tantos problemas que abruman a una considerable mayoría de la población colombiana de pobreza y necesidades insatisfechas.

¿Y cómo creer que esa oposición está obrando de buena fe y con honradez si sus congresistas van en contravía de las iniciativas que buscan ofrecer soluciones efectivas a problemas que se han alargado y profundizado en el país?

¿Cómo pueden hablar de democracia y de justicia social cuando se oponen a los derechos laborales de los trabajadores, bloquean la reforma pensional y condenan a departamentos como La Guajira y el Chocó a la pobreza y apenas los toman en cuenta para pedirles votos en las elecciones?

La oposición debe operar desde la perspectiva de las soluciones y no como insumo de insultos a quien gobierna.

Puede ser que los opositores dejen el rumbo errático y recobren la lucidez para salir de ese turbión en el que se desgastan y debilitan la política, restándole espacios a la democracia.

Puntada

Exponer las elecciones al fraude es una falta grave contra la democracia. El voto popular debe estar revestido de plena legitimidad por su transparencia, libre de toda sospecha.

ciceronflorezm@gmail.com

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