
Aunque el gobierno presente cifras maquilladas sobre el homicidio para ocultar la inseguridad que vive el país, la realidad es que los niveles de violencia han aumentado significativamente, especialmente en las áreas donde los grupos armados se disputan el control del territorio. En regiones como el Catatumbo en Norte de Santander, Los Andes en Nariño, Argelia Cauca, Madalena Medio en Bolívar, Cesar, Santander, Antioquia y muchos municipios en el Chocó, han aumentado los ataques a población civil, a la infraestructura, a la Fuerza Pública y sigue creciendo el desplazamiento forzado, el confinamiento y los homicidios de líderes.
La inseguridad que se vive en todas las regiones tiene agobiado al país, hemos retrocedido 20 años y lo peor es que no se ve un cambio positivo en el rumbo. Vimos hace tan solo unos días como los gobernadores de los departamentos más azotados por la violencia le reclamaron acciones al gobierno nacional y decisiones urgentes para proteger la vida de los colombianos.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, expreso su preocupación ante la situación de seguridad que vive el departamento por los constantes paros armados del Eln, un grupo criminal con el cual el gobierno no ha logrado ningún avance en las negociaciones desde abril de 2024. La gobernadora declaró que “no había visto semejante escalamiento en las acciones para generar terror”, demostrando la terrible situación que se vive en el departamento por cuenta de artefactos explosivos, cierre de vías, y combates entre el Eln y el Clan del Golfo.
Igualmente, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ha hecho un llamado de atención al gobierno sobre los enfrentamientos entre grupos armados en Magdalena Medio, advirtiendoy que la región corre el riesgo de sufrir una crisis humanitaria similar a la del Catatumbo. En Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que la población de Yondó ha sufrido desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, amenazas y ha sido víctima de uso de minas antipersona. Por su parte, la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, ha sido crítica del gobierno a lo largo de su mandato, y recientemente reiteró la difícil situación que vive el departamento en materia de seguridad y reclamó el apoyo del gobierno.
Aunque la inseguridad es la principal crítica de los mandatarios regionales al gobierno nacional, no es la única. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, criticó la falta de recursos para la educación y la falta de compromiso y soluciones para los arroceros del departamento. Asimismo, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya criticó la falta de voluntad y articulación por parte del gobierno para colaborar en proyectos estratégicos locales.
Los reclamos de los gobernadores hacen evidente los malos resultados de este gobierno y aunque la mayor preocupación es el deterioro de la seguridad y el empoderamiento y control territorial de los grupos criminales; el tema económico y social también es precario. La seguridad es la primera regla de las naciones, sin ella no puede haber progreso, oportunidades, ni bienestar.
De la seguridad en las ciudades y en los campos se desprende la seguridad económica de las familias, de las empresas para que sigan generando empleo, la seguridad en la salud y en la educación. Hay que entender que la seguridad no solamente tiene que ver con la tranquilidad de no sentir miedo al desarrollar las actividades normales de cada ciudadano, la seguridad es integral e implica presencia de fuerza publica, justicia, oportunidades de desarrollo económico, infraestructura y políticas que contribuyan al progreso social.
Los colombianos hemos perdido en los dos últimos años, logros que se consiguieron con el sacrificio de mujeres y hombres, uniformados y civiles. Tenemos que rectificar el rumbo del país, que los criminales paguen por sus delitos, sean perseguidos y no premiados por el gobierno, y que el Estado proteja a los ciudadanos, porque siempre la gente debe estar primero y así llegue la inversión, el desarrollo social y el progreso económico.
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