Al fin me escribió el esquivo director Regional de la Fiscalía. Con algo así como quince derechos de petición, logré que la Procuraduría Regional, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría Departamental y ahora la Fiscalía General de la Nación, se fijaran en el ilegal contrato de Concesión del proyecto vial de los Patios, con el cual esquilman la comunidad metropolitana, como consecuencia de los delitos de celebración indebida del contrato de concesión, de falsedad, de usurpación y la extralimitación de funciones públicas del Concejo municipal y la concesionaria y que causarán detrimento patrimonial al municipio, derivado de las devoluciones de las multas y otras indemnizaciones.
Hay que divulgar y socializar la utilización del derecho de petición y fortalecer económicamente el control social, para que los líderes sociales de la comunidad puedan ejercerlos a cabalidad y con resultados contra la corrupción.
A los muchachos en la escuela de Derecho les echamos un cuento muy adornado, pero poco práctico del derecho de petición. En las clases de Ciencia Política nos íbamos hasta los tiempos del mágnum concilium, del año mi doscientos setenta y cinco en el reinado de los normandos de Eduardo I, el “zanquilargo”, que tuvo que atender las peticiones de la gente. Que luego se fortaleció en el derecho anglosajón, en los siglos XVIII y XIX las peticiones de los Carlistas en 1628.
No sé si aún les enseñen esto, en Teoría General del Estado y en Ciencia Política, que es el estudio del poder. Pero es importante recordarles que el derecho de petición uniformó las constituciones modernas como esta del 91, que lo consagró derecho fundamental y se volvió como el rifle de defensa de los ciudadanos de a pie. Historia que influyó entre nosotros, desde la primera enmienda de 1791 en la Constitución de los Estados Unidos.
Pero bueno, lo importante es contar los resultados, para que la gente lo utilice y exija respuestas obligatorias a la administración. No he perdido estos sesenta días de lucha. Claro que iré a la Fiscalía a atender la citación y que castiguen e inhabiliten a los involucrados, así se demore la justicia, o la injusticia como la llamaba Lleras el grande.
El derecho de petición me permitió obtener cerca de seiscientos folios para intentar la acción de nulidad de ese pernicioso contrato, pactado por un Instituto de Transito incompetente y abusivo y firmado por un ciudadano ejemplar al decir de algunos gamonalillos, pero idiota útil de un alcalde que sacó muchas brazas con mano ajena. Permitido, además, por un Concejo de bolsillo, que a sabiendas que la Constitución y la reformada Ley 136 de 1994, fijaron solo en cabeza de los alcaldes municipales, la celebración y firma de los contratos de concesión, lo disfrazaron, cometiendo el delito de extralimitación y abuso de sus funciones públicas.
No deja de ser esperanzadora la iniciativa de los tres mosqueteros de las “ìas”, el procurador Carrillo Flores, el fiscal Martínez Neira y el contralor Maya Villazón, de actuar unidos. Y como los tres mosqueteros eran cuatro, hay que añadir a Negret Mosquera el defensor del Pueblo, cuyo jefe regional ha intervenido aquí, así el frívolo alcalde de “las tapas” lo haya ignorado. Pero ahí vamos y no nos dejaremos atropellar. La ley se impondrá. Voy despacio porque tengo afán.
Adenda: Pensar que este contrato de concesión que nos mortifica subsiste, únicamente por el mal de la presunción de legalidad, como muchas cosas malas que perduran en el departamento y la ciudad, porque nadie las demanda.
