En medio de la polarización, hay un poder que demuestra que el país no está huérfano de contrapesos: la Corte Constitucional. No solo desmonto varios intentos del gobierno por expandir su poder, sino que también reafirmo su papel como garante de derechos ciudadanos. El hecho que algunas sentencias coincidan con el ejecutivo no la convierte ni en su cómplice ni en su servidora. Argumentar que los magistrados están expuestos a ser cooptados con dádivas o favores estatales es irresponsable. La Corte Constitucional con hechos ratifica que no está dispuesta a prestarse para un rompimiento institucional.
En el rechazo al Estado de Conmoción Interior decretado en el Catatumbo el pasado enero, la Corte reconoció la gravedad de la crisis humanitaria en la región, pero dejó claro que no toda emergencia social, por seria que sea, justifica la suspensión de las reglas democráticas. En un país en donde la tentación autoritaria suele disfrazarse de “emergencia”, esta decisión constituyó un acto de responsabilidad institucional. Nos blinda frente a la tesis que a través de un decreto de conmoción interior se pueden aplazar elecciones.
El mensaje se repite en otras decisiones: varios decretos legislativos expedidos bajo la figura de emergencia se cayeron por vicios de forma, como la omisión de la firma de todos los ministros, lo cual evidencia falta de voluntad política de la Corte para enmendar las equivocaciones del gobierno.
La Corte tumbó la expropiación administrativa incluida en el Decreto 108 de 2025 donde el Ejecutivo intentó, aprovechando la coyuntura, introducir por vía excepcional un cambio estructural en materia de propiedad rural. La Corte respondió con contundencia: los estados de excepción no son cheques en blanco para alterar derechos como la propiedad privada.
Lo mismo ocurrió en decisiones clave como la Contribución Nacional de Valorización en el Plan Nacional de Desarrollo, la anulación de normas tramitadas violando el principio de publicidad, o la sentencia sobre la intervención a la EPS Sanitas. Los ejemplos de independencia son tantos que se escucha al presidente querer una nueva constituyente porque sus reformas no avanzan,
Quienes critican a la Corte por “obstaculizar” las “reformas” del Ejecutivo olvidan su función esencial: evitar que, bajo la bandera del cambio, se desfigure el pacto constitucional. La democracia no se mide por la velocidad con la que un gobierno impone su programa, sino por la solidez de los contrapesos que evitan abusos de poder. La Corte solo le tiene lealtad a la Constitución.
Eso sí, la Corte puede coincidir con el gobierno, y no todas sus decisiones tienen que alinearse con una visión de extrema derecha para ser legítimas, como alegan sus contradictores. Su función no es bloquear sistemáticamente al ejecutivo, sino garantizar que cualquier decisión, por transformadora que sea, respete el marco constitucional.
En un país donde las instituciones han sido erosionadas tantas veces, la Corte Constitucional representa el dique que contiene el desbordamiento de poder por parte del Ejecutivo. Su independencia es hoy uno de los principales activos de la democracia colombiana. Defenderla no es un capricho jurídico, sino una necesidad política: sin Corte, no hay límites. Y sin límites, no hay República.
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