En días anteriores   nos sorprendió la noticia de un embargo por la suma de hasta 1.600 millones de pesos ordenado por un juez de la República, dentro de un proceso ejecutivo contra el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñaloza, por presunto incumplimiento del pago de una letra de cambio por la suma de mil millones de pesos que el alcalde, lo dice el demandante( Ever Javier Arias Ibarra) y la letra presentada en el juzgado, firmó a mediados del mes de septiembre de 2023, en las postrimerías del debate electoral en que Acevedo resultó elegido, y tiene como fecha de pago  los primeros días del mes de enero de 2024.

El alcalde en entrevistas radiales y a este medio de comunicación, se apresuró a manifestar que la mencionada letra de cambio que le endilgan, firmó, es falsa y solicitó de las autoridades competentes   una prueba grafológica.

De inmediato la Fiscalía General de la Nación, debe tomar cartas en el asunto, ante esta noticia criminal que el alcalde, máxima autoridad del área metropolitana de Cúcuta, hizo públicamente.

A vuelo de pájaro, se ve   como inconsistencia, el hecho que la firma de la presunta letra fuera dada el 23 de septiembre del año anterior y el pago de esta se pactara escasos 4 meses después.  En el hipotético caso que no hubiese sido elegido el deudor, con qué recursos se pretendía su pago, si el deudor ha quedado rastreado y endeudado por las 3 anteriores campañas fallidas y si resultara elegido como efectivamente lo fue, como se pretendía su pago si no alcanzaría a cobrar el primer sueldo. Ni un abono siquiera.

De la misma manera, el abogado Martín Santos, publicó la ficha del Sisbén del señor Ever Javier, donde este se encuentra clasificado en el nivel C1-C18 en calidad de persona vulnerable, por supuesto, incapaz de tener esa enorme cantidad de dinero.

La Fiscalía dentro de su línea de investigación, debe recaudar las declaraciones de renta del susodicho prestamista para verificar que cuenta con ese activo corriente, en que banco tenía depositado ese dinero y si está pagando sus impuestos como tal. Seguirle el rastro a la trazabilidad, si es el caso, de esos recursos, porque con el antecedente que descubriera el abogado Santos sobre la ubicación en el Sisbén del señor Arias como persona vulnerable y por añadidura sin recursos tan cuantiosos es supremamente sospechoso de que se trata de otros delitos punibles muy en boga en nuestra región, como el enriquecimiento ilícito o lavado de activos.

Si el señor Arias, por ignorancia o por ganarse alguna comisión lo utilizaron para esa jugarreta contra el alcalde, jurídicamente le va a salir bastante caro, más que la comisión que presuntamente se iba a ganar. Su libertad.

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