A más tardar el próximo 20 de octubre a las 12 p.m. el Congreso de la República debe aprobar la distribución del Presupuesto General de la Nación-PGN para el próximo año, que ya se conoce será de $ 502.6 billones.
El ejercicio presupuestal estatal en el mundo data del siglo XVIII en Inglaterra. Nuestro país en forma rudimentaria lo implementó desde el siglo XIX. La misión Kemmerer (la misma que organizó el Banco de la República, la SUPERFINANCIERA y la Contraloría General de la República) en 1923, recomendó que no fuera el Congreso el que estableciera el monto y la distribución del presupuesto, como sucedía, sino el gobierno nacional, dejando al primero la facultad de aprobarlo. Esta modificación quedó plasmada en ley desde 1925.
En 1968, el gobierno del presidente Lleras Restrepo organizó y modernizó la normatividad del presupuesto a través de una reforma constitucional. Actualmente el PGN se rige por lo establecido por la Constitución Política de 1991, artículos 345 a 355, reglamentados por el Decreto 111 de 1996 que compila las leyes 38 de 1988, 179 de 1994 y 225 de 1995.
El PGN para 2024 contempla ingresos y egresos por $ 502.6 billones, valor que comparado con el presupuesto de 2023, $ 422.8 billones, arroja un crecimiento del 18.9%, 9.7% en términos reales. Esto hará crecer la participación del gasto público central con respecto al PIB del 26.3% en 2023 al 29.6% en 2024, mostrando la decisión del gobierno actual de incrementar el gasto social y la capacidad productiva en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo aprobado a principios de año.
En cuanto a los ingresos, los corrientes ascienden a $ 330.3 billones, los recursos de capital a $ 148.1 y los fondos especiales y contribuciones parafiscales a $ 24.2 billones. Dentro de los ingresos corrientes sobresalen los tributarios con $ 315.9 billones (99.5%) y dentro de ellos el IVA interno, el de renta y el de las transacciones financieras participan con $ 259.1 billones (82%). Dentro de los recursos de capital sobresalen el incremento de la deuda pública con $ 68 billones y los dividendos (Ecopetrol y Banco de la República) y excedentes financieros con $ 28.4 billones.
Por el lado de los gastos se encuentran los de funcionamiento con $ 310.3 billones (61.8%) el servicio de la deuda con $ 94.5 billones (18.8%) siendo los pagos por amortización $ 34.4 billones y por intereses $ 55.2 billones; el saldo restante, $ 97.7 billones, se destinará a inversión (19.4%),la gran mayoría destinada a temas sociales.
Según lo presupuestado para el año que viene, la deuda pública aumentará en $ 33.6 billones (resultado de una deuda a contratar en 2024 por $ 68 billones y la amortización por $ 34.4 billones), que corresponde al 2% del PIB.
El gobierno ha expresado que el presupuesto de 2024 se ciñe al Marco Fiscal de Mediano Plazo y a la Regla Fiscal. Algunos congresistas argumentan que esto no es cierto. La diferencia de criterio se basa en que las cuentas oficiales prevén un recaudo adicional de impuestos por $ 13.3 billones, resultado de la lucha contra la elusión y la evasión tributaria y $ 15 billones por concepto de recuperación de cartera morosa a favor de la DIAN, cuentas que no comparten los congresistas.
La elaboración del PGN muestra el ejercicio de cuadrar las cifras de la ejecución de la política fiscal del país: ingresos y egresos; efectivamente, tiene como objetivo, en ejecución de esta política, conseguir los ingresos que son dependientes del nivel de actividad económica o del ciclo económico (expansivo o contractivo) para cubrir los gastos que, en su gran mayoría, son inflexibles.
