El pasado 24-ene-2025 fue declarado un estado de conmoción interior a través del DECRETO LEGISLATIVO Nro 0062. Llegado el mes de abril los noventa primeros días de su vigencia se cumplieron, la conmoción no fue prorrogada y son numerosos los aspectos cuestionables de la medida, más allá de todos aquellos que están siendo ventilados y considerados actualmente por la Corte Constitucional en el expediente RE0000361, y cuya magnitud ya supera los cientos de folios.
Uno de esos aspectos fue el relativo a la determinación de su ámbito territorial de aplicación, ya que aunque en el decreto se menciona que se pretende conjurar la perturbación al orden público e impedir la extensión de sus efectos, lo cierto es que no fueron tenidos en cuenta municipios que al ser puerta de entrada a la región del Catatumbo (al igual que Río de Oro y González) cumplirían los parámetros del decreto para haber sido incluidos en la conmoción interior. Es el caso de Lourdes, Gramalote, Bucarasica, Villacaro, Cáchira y La Esperanza.
Sin duda las nuevas dinámicas que ha adquirido el conflicto armado interno en los últimos meses deben obligar a que el gobierno nacional considere no solo a los municipios que se trataban en el decreto, sino a aquellos que como Lourdes empiezan a vivir sucesos que no le son propios a su historia y en los que la seguridad y tranquilidad de sus habitantes se ve seriamente afectada. Lamentablemente estos municipios no fueron mencionados en el Informe del 15-nov-2024 de la Defensoría del Pueblo ni por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y por ello quedaron no solo excluidos del ámbito de la conmoción interior, sino que además están quedando huérfanos de políticas públicas que se requieren por su innegable condición como puertas de entrada al Catatumbo.
En el caso particular del municipio de Lourdes, geográficamente ubicado en el corazón del Departamento Norte de Santander, quizás el más pequeño en extensión territorial, recientemente se ha leído en medios de comunicación sobre enfrentamientos entre la fuerza pública y el grupo armado ELN, también sobre la situación grabada desde la escuela rural de la vereda Campo Rico donde niños y niñas con su uniforme de colegio color rojo buscan resguardo en las paredes aunque nada puede impedir que las ráfagas y disparos lleguen a sus oídos, además, se ha visto la entrada de tanquetas militares como parte de las acciones de la Operación Catatumbo, se lee de capturas e incautación de armas y material de guerra, soldados y policías heridos o muertos, entre otros, lo cual ha llevado a que sus habitantes vivan temor y zozobra tanto en su zona rural como urbana.
Lourdes tradicionalmente había sido un municipio alejado del conflicto, su población no está acostumbrada a helicópteros desde los cuales se dispara ni a despliegues militares, sin embargo, ahora ese contexto pareciera estar cambiando y, precisamente, ese cambio que llegó debe ser atendido con inmediatez, garantizando efectivamente la seguridad y tranquilidad de sus habitantes.
Sin duda, desde la entidad territorial del municipio la necesidad e insuficiencia de las medidas ordinarias son hecho notorio, siendo sus competencias, funciones y herramientas inexistentes para atender las perturbaciones o conjurar con algún efecto útil la situación, pero esa realidad municipal no puede predicarse respecto del gobierno nacional y el servicio de seguridad y protección no puede seguir incurriendo en falla teniendo en cuenta el incuestionable conocimiento previo que ya se tiene por las autoridades del orden nacional.
Para ningún municipio es un honor o mérito que se le mencione en un decreto legislativo, sin embargo, el ámbito territorial incurrió en serias omisiones y ante la no prórroga del mismo donde pudo haberse considerado su inclusión, el gobierno nacional debe formular las políticas públicas que sean necesarias porque estos municipios son puertas de entrada al Catatumbo y esa condición genera nuevas dinámicas que lesionan la promesa constitucional de protección y garantía de los derechos de su población.
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