La importancia de los  establecimientos de créditos  o intermediarios financieros para la economía es muy reconocida desde la aparición de estas entidades por allá en el siglo XV. Como su nombre lo indica, intermedian recursos entre las personas y empresas que ahorran y aquellas que lo requieren, transforman ahorros recibidos a corto plazo en préstamos otorgados a mediano y largo plazo, entre otras funciones.

Cinco siglos después de su aparición formal en la economía mundial, su contribución al crecimiento económico es vital, determinante por su papel intermediador entre el ahorro y la inversión.

A noviembre 30 de 2023 los establecimiento de crédito (bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y  cooperativas financieras) totalizaron una cartera o préstamos otorgados a los colombianos por $666 billones (41.3% del PIB), suma que comparada con los $650 billones a diciembre 31 de 2022 representa un aumento del 2.46% en términos nominales y una disminución del 6.32% en términos reales, teniendo en cuenta que la inflación presentada en el período enero-noviembre fue de 8.78%

Los préstamos comerciales (destinado a grandes, medianas y pequeñas empresas) fueron el 50.5% del total, los préstamos de consumo (incluyendo el mecanismo de tarjetas de crédito) el 31.4%, los dirigidos a compra de vivienda, el 15.3% y los destinados a microempresas el restante 2.8%.

La tasa de interés (efectiva anual)  promedio  en el período enero a noviembre que se utilizó en el otorgamiento de los préstamos comerciales fue 19.55%, para los  préstamos de consumo el 37%, préstamos de vivienda fue  17.48%  y a microempresas el  34.33%.

Para todas las categorías disminuyó en el período referido, sobre todo la aplicada en los préstamos a microempresas que pasó del 38% al 31%, lo que representa un decisión que va en el sentido correcto, pero que todavía es insuficiente dada la importancia de este tipo de empresas para la producción, el nivel de  empleo, la formalización laboral; incluso para disminuir la pobreza y la inequidad.

Es conocido que la mayoría de microempresas requieren en gran medida de préstamos para su creación y expansión; igualmente, que los establecimientos de crédito  manifiestan que la considerable mayor tasa que se cobra a este tipo de empresa con relación a las restantes (contempladas en los préstamos comerciales) se debe al  mayor riesgo de no pago de los créditos.

No obstante, si se analizan los diferentes indicadores de cartera morosa y riesgosa presentados en el Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de la República del segundo semestre de 2023, se puede concluir que es posible seguir bajando la tasa de interés del microcrédito.

El incentivo económico e institucional a estas empresas es un buen propósito plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” que los colombianos debemos apoyar. Las directrices expuestas allí deben ejecutarse coordinadamente involucrando toda la triada Estado-Microempresa-Universidad que  desde el 2000 está expuesta en la ley 590 de 2000,  llamada ley MIPYME.  El Fondo Nacional de Garantías debe ampliar su papel avalista, las universidades deben irrumpir, por fin, en el apoyo de la formulación y evaluación financiera y social  de  las ideas de micronegocio y su concreción en proyectos productivos, así como en el acompañamiento en las primeras etapas.

Coordinando esta labor deben estar las cámaras de comercio y las secretarías de desarrollo económico territoriales.

La realidad manifiesta de los establecimientos de crédito de iniciar la baja en la tasa de interés y la del gobierno nacional  de incentivar la economía popular mediante el otorgamiento de préstamos en condiciones blandas de tasa de interés y otra serie de apoyos palpables y reales  debe tener una respuesta contundente del gobierno territorial, la universidad colombiana y las cámaras de comercio. 

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