Vemos constantemente por las noticias y las redes sociales los aumentos alarmantes de la inseguridad que azota a la ciudadanía en toda la geografía nacional, propiciada por el tsunami de atracos a mano armada en establecimientos abiertos al público y en todas las calles de las ciudades, por sujetos montados en motos, que a pesar de la prohibición en la mayoría del territorio colombiano de transitar dos hombres en moto, estos deambulan como pedro por su casa sin que las autoridades de policía se inmuten. Atracan en manada sin importar cuantas personas se encuentren a su alrededor, en la mayoría de los casos accionan sus armas con consecuencias fatales: la muerte de la víctima.

Y no tiene mayor credibilidad las estadísticas oficiales sobre el particular, son subestimadas por falta de denuncia, por una parte, no creen en la justicia como para perder el tiempo en ello y por otra, la dificultad en conocer exactamente el sitio para denunciar y que lo atiendan diligentemente.

Pero existe algo mucho más   delicado, diría grave. La misma policía comenta en privado, que de nada sirve arriesgarse a capturar a estos delincuentes, si más tardan en caer que en recuperar la libertad y verlos nuevamente en las calles cometiendo las mismas o más terribles fechorías.

Se dice, y las estadísticas lo confirman que hay abogados especializados en defenderlos y jueces corruptos amangualados considerando que los angelitos no son un peligro para la sociedad y les decretan como medida de aseguramiento la domiciliaria desde donde perfeccionan su accionar criminal.

En la actual coyuntura próximo a las elecciones legislativas y ejecutiva, es imperativo que los candidatos se comprometan a expedir leyes que endurezcan las penas y les eliminen los beneficios de domiciliaria a los robos agravados. Se requiere con urgencia, nos tienen sitiados a las personas de bien, una política de Estado severa, contundente, que incluya reformas a la situación penitenciaria, reducir el hacinamiento en las cárceles, no soltándolos sino construyendo más sitios de reclusión, reforma a las transferencias de la nación aumentando en unos puntos los ingresos a los territorios para la construcción de cárceles municipales y así eliminar los hacinamientos en las estaciones de policía.

Instalación de suficientes cámaras de seguridad no solo por el Estado en su conjunto sino con colaboración de la empresa privada, instalación de alarmas de alertas tempranas en los diferentes barrios y establecimientos públicos. Indispensable la reacción oportuna de la policía y se propicie la cultura ciudadana en la defensa de la vida, los bienes y la integridad de sus semejantes. ¡No más indiferencia!

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