En Colombia, elegir un tema para escribir se ha vuelto una odisea. El gobierno produce tantos escándalos y riesgos por semana, que se pierden las noticias. Y sí, creo que es deliberado: saturar la agenda pública para que no debatamos lo que realmente importa.
Pero esta semana, tres hechos del presidente Petro merecen detenernos. No son deslices ni distracciones. Son actos deliberados que atentan contra la democracia, la soberanía y los derechos fundamentales.
Primero, la amenaza a la prensa
En un extenso mensaje, Petro acusó a los medios de comunicación privados de ser responsables de la violencia política. Los comparó con emisoras que incitaron al genocidio en Ruanda y Burundi, y habló de retirarles los permisos para operar, una amenaza directa, aunque no tenga competencia legal para hacerlo. También deslegitimó a la entidad que regula el espectro. Todo eso mientras mantiene una narrativa constante de odio hacia la prensa.
Esa comparación no solo es ruin, sino peligrosa. En Ruanda, una emisora radial —la RTLM— llamó abiertamente al exterminio de un grupo étnico. En Colombia, los medios han hecho exactamente lo contrario: han revelado cómo se han robado la plata en La Guajira, han expuesto la entrada de dineros mal habidos a la campaña presidencial y han destapado las andanzas corruptas del hijo del presidente, entre otros. Eso es lo que de verdad le molesta a Petro; que el periodismo haya desenmascarado la corrupción de su gobierno.
No es la primera vez, pero cada vez escala más. Las palabras del presidente son más peligrosas que una bala. Porque cuando un jefe de Estado insiste en que los medios son enemigos, está habilitando la violencia contra periodistas. Y en Colombia, eso puede ser sentencia de muerte. Como ya lo está siendo.
Los medios no están para aplaudir al poder. Están para incomodarlo. Y aunque a Petro le moleste, seguiremos cumpliendo ese deber. Estigmatizar a la prensa que investiga es el paso previo para silenciarla. Y eso es lo que está haciendo Petro.
Segundo, su lenguaje cómplice con el Eln
Al referirse públicamente a secuestrados en manos de ese grupo, el presidente dijo: “los prisioneros son responsabilidad de la organización capturante”. No. En Colombia no hay “prisioneros de guerra”.
El Eln no tiene estatus político ni beligerante. Es un grupo narcoterrorista que recluta niños, extorsiona, asesina y ha dejado claro que no tiene voluntad de paz —ni siquiera con un gobierno que solo le ha dado concesiones.
Llamar “prisioneros” a los secuestrados es legitimar al secuestrador. Es darle al Eln el reconocimiento que no merece. Es ignorar deliberadamente que cada persona secuestrada está siendo víctima de un delito atroz. Y es un mensaje devastador para las víctimas.
Tercero, el pacto con Maduro
Mientras el país estaba distraído, el gobierno firmó un “Memorando de Entendimiento” con la dictadura venezolana para crear una supuesta “Zona Binacional de Paz, Unión y Desarrollo”. Pero esto no es integración. Es cesión territorial.
¿Desde cuándo se reconoce formalmente al régimen de Maduro como para firmar este tipo de acuerdos? ¿No se suponía que el reconocimiento del gobierno dependía de que entregaran las actas electorales del fraude de 2024?
Las Zonas Económicas Especiales en Venezuela no son polos de desarrollo. Son territorios de control criminal, donde operan mafias, hay minería ilegal y mandan los colectivos armados. Ahora quieren importar ese modelo al Catatumbo, justo donde este año el Eln —que cruzó desde Venezuela— cometió una masacre de más de 80 personas. El acuerdo —firmado sin pasar por el Congreso— abre la puerta a una ZEE en esa misma región, con cláusulas ambiguas y con espacio para incluir cooperación militar.
¿De verdad vamos a creer que el protector de los narcoterroristas… ahora va a combatirlos?
No. Esto no es cooperación. Es entrega.
Advertidos estábamos.
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