Colombia es uno de los países con más experiencia en construcción de paz en todo el mundo. Producto de muchos procesos de negociación y sometimiento a la justicia, el país ha implementado procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, conocidos en los estudios de paz como 'DDR', que buscan desarticular estructuras armadas que desafían al Estado y convertir a sus miembros en ciudadanos integrados al regimen político y economico de manera legitima y legal.
Así, en el marco de la estrategia de Paz Total del gobierno Petro, se anunció recientemente el Decreto 0448, que establece las condiciones para que, miembros de las disidencias de las antiguas FARC-EP, conocidas con el extraño nombre deEstado Mayor de los Bloques y Frentes(1200 guerrilleros) se movilizen y concentren en el área rural de Tibú en lo que llamaran una Zona de Ubicación Temporal (ZUT).
Este movimiento podría marcar el inicio de un nuevo proceso de DDR y representar una victoria para Gustavo Petro en su apuesta de paz negociada con todos los actores armados del país. Sin embargo, resulta algoambiguo el Decreto 0448 pues suspende las operaciones ofensivas contra el Frente 33 por un mes condicionado a que el grupo se concentre en la ZUT, pero no especifica claramente las condiciones de seguridad, logística ni el manejo de las armas durante este periodo. Además, la ubicación exacta de la ZUT y los protocolos de funcionamiento aún están en discusión, lo que genera incertidumbre sobre la implementación y verificación efectiva de esta medida.
El reciente pronunciamiento de Andrey Avendaño, negociador del Frente 33 “Mariscal Antonio José de Sucre”, genera aun mas preocupación. En entrevista con La Opinión, Avendaño aseguró que las armas son "innegociables", planteando un desafío a la legitimidad del proceso de paz que el gobierno Petro intenta consolidar en el Catatumbo; ¿Debemos interpretar sus palabras como una estrategia temporal o es, en realidad, el anuncio de un nuevo proceso de DDR a medias?
En 2016, el Punto 3 del Acuerdo de Paz hizo del Catatumbo una zona de DDR. En Caño Indio, Tibú, se instaló uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) con la promesa de convertir a los exguerrilleros en empresarios agrícolas o textileros. Sin embargo, la promesa del Acuerdo de Paz se desmoronó rápidamente. Los proyectos productivos llegaron tarde y a cuentagotas, y hoy, casi una década después, solo una fracción de esos emprendimientos genera ingresos estables.
Pero el fracaso económico no ha sido el único obstáculo. La seguridad sigue siendo la gran deuda del Estado. Más de 420 excombatientes firmantes de paz han sido asesinados desde 2016. En el Catatumbo, el control territorial pasó de las manos de las FARC a las disidencias y al ELN, que hoy protagonizan una guerra sin cuartel.
La falta de protección no solo erosiona la confianza de quienes se desmovilizaron, sino que envía un mensaje peligroso: desarmarse es exponerse.Y ahí es donde el discurso de Andrey adquiere otro matiz. Declarar que las armas son "innegociables" puede interpretarse como un recurso retórico para evitar deserciones y disuadir al ELN de lanzar ofensivas. Pero también puede insinuar que el desarme será, en el mejor de los casos, parcial: fusiles en depósitos custodiados, sí, pero bajo control del propio grupo y sin un inventario público. Ese matiz convierte la ZUT ya no un puente definitivo hacia la reintegración hacia la vida civil, sino un armisticio temporal donde la capacidad militar permanece intacta.Y ya sabemos que las armas que no se entregan siempre terminan hablando.
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