La Corte Suprema de Justicia, le solicito por unanimidad al magistrado Gustavo Malo Fernández, que se aparte del cargo, mientras se adelanta la investigación en su contra, por los graves cargos que cursan contra él, cuya presencia activa en el seno de la Institución, le está causando irreparables daños no solo a la misma, sino a toda la justicia y al país en general. 

Para nadie es un secreto que Gustavo Malo, en este momento, es el personaje más escandalosamente señalado dentro de la rama judicial. 

Su investidura ha venido menguando su prestigio, por su vinculación a la red de corrupción   que recientemente se destapó, a raíz de la captura, en Miami, del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quién según testigos y grabaciones oficiales, servía de intermediario en la Corte Suprema, para que a congresistas allí investigados, se les fallara favorablemente, a cambio de millonarias sumas de dinero.

Pero los enredos que implican al magistrado Malo, van mucho más allá. El hecho de qué su hija, Yara Malo Benítez, se le abriera una investigación, por haberle exigido el 20% de su sueldo mensual, a una fiscal, por lograr su nombramiento, a través de las influencias de su padre, agravan la situación del togado. 

Más aún, cuando según parece, son varios los fiscales nombrados por recomendación del magistrado, a quienes su hija les exige mensualmente el 20%. 

Al parecer, ya varios de estos han declarado que Yara Malo Benítez, los ha venido extorsionando, bajo amenazas de qué si no le cancelan, los hace destituir o trasladar a zonas donde su vida correría peligro, por la situación de orden público.

Por todo lo anterior, existe un clamor generalizado para que al magistrado Malo, deje su cargo, como se lo han venido rogando sus compañeros de plenaria. 

Son conscientes de que cualquier actuación judicial que lleve la firma de dicho magistrado estará empañada por un ineludible manto de duda que, incuestionablemente, los afectara a todos.

Su negativa a no apartarse del cargo, no solo atenta contra el decoro que corresponde a todo funcionario, sino que debe ser un asunto de elemental respeto con todo el país. 

Su obstinación de no hacerlo viene a convertirse en un deplorable e inaceptable desafío a la nación.

Como un gesto de generosidad con la justicia, a quien le ha venido haciendo tanto daño, debería apartarse del cargo, pues de no hacerlo, el costo institucional, se irá agrandando cada día más.