La Ministra Corcho siempre dejó ver su propósito de acabar el sistema de salud, bajo la promesa de crear un sistema público estatal, que para ella, sería mejor. Por eso se refirió a la necesidad de una crisis explícita, que se expresó posteriormente en muchas advertencias. Desde entonces dejaron ver que estaban tentados a desfinanciar el sistema.
La crisis abre el camino a la reforma del gobierno; no por mayorías, sino porque no habrá sistema. Hoy el Gobierno le debe 3,1 billones a las EPS por aseguramiento del 2023, y hay una deuda que viene desde 2021 equivalente a 3 billones por presupuestos máximos.
Esta es la historia detrás de esa desfinanciación. Para mayo de 2022 los cálculos eran así: el sistema de salud necesitaba para 2023: 76 billones para aseguramiento y 4,8 billones para presupuestos máximos. El proyecto de presupuesto de Duque estipulaba 71,3 billones para aseguramiento y 3,4 billones para presupuestos máximos. Un déficit de 6,1 billones de pesos. Las agremiaciones mostraron que la necesidad era mayor, y en su primer debate Duque propuso una adición al presupuesto de 4 billones para aseguramiento y 0,7 para máximos. No era suficiente, pero era el inicio del debate. Sin embargo, el gobierno cambió, y Carolina Corcho llegó al ministerio.
La ministra Corcho recortó a la mitad la adición de aseguramiento propuesta por Duque; la dejó en 2,1 billones, y propuso 0 pesos para presupuestos máximos. Esto se sumó a que Corcho propuso un aumento de Unidad de Pago por Capitación- lo que paga el Estado a las EPS por cada colombiano- en un 12% cuando ACEMI calculaba que debía ser del 19% para suplir las necesidades de los colombianos. Según Corcho, no podía ser más del 12% porque “no había suficiente sustento”.
Los congresistas exigimos más recursos y logramos 1,7 billones para presupuestos máximos, pero aseguramiento quedó en lo que Corcho quería, 2,1 billones de pesos. Por presión de la academia, congresistas y colombianos la UPC al final aumentó en 16,2% (2,8 puntos por debajo de lo solicitado por las agremiaciones). Cada punto de aumento en la UPC equivale a 733 mil millones para el sistema. Se le solicitó al gobierno que remitiera los cálculos técnicos que justificaran el aumento del 16,2% y no del 19%; jamás lo hicieron.
Mientras el presupuesto pasaba, el gobierno ponía una reforma a la salud en el Congreso que acaba con las EPS. Las EPS iniciaron el 2023 con recursos insuficientes, y con fecha de caducidad por si la reforma era aprobada. Vino entonces la adición presupuestal (resultado de la reforma tributaria que le quitó al sector productivo 16,9 billones). Las agremiaciones de salud insistieron en la necesidad de los recursos faltantes. El gobierno negó la adición completa, y propuso solo 2,2 billones de pesos. Así se aprobó.
Hasta el momento no se han girado recursos de la adición. El Gobierno se comprometió de manera informal a que 1 billón de pesos de esa adición se direccionaría a presupuestos máximos, del otro billón no se tiene información. Esto se suma a que existe un posible déficit de 600 mil millones por el subsidio del SOAT.
Para junio del 2023 las pérdidas de las EPS se estiman en 5,6 billones de pesos y uso del patrimonio de 2,7 billones de pesos. Se les deben 3,1 billones de pesos para aseguramiento del 2023. Por presupuestos máximos son 263 mil millones de 2021, 1,6 billones del 2022, y para 2023 se estima que a final del año la deuda será de 2,1 billones de pesos. Por recobros se deben otros 3 billones de pesos. El Presidente insiste en que el sistema no cierra, pero es evidente que si se les pagara el sistema funcionaría bien.
Ojalá el gobierno entienda que es su deber cuidar nuestro sistema de salud, es un trabajo de muchos reconocido en el mundo entero; un sistema con pocos médicos, pocas enfermeras, menos especialistas y pocos recursos, y sin embargo, con grandes resultados. Invitamos a que construyan sobre lo construido.
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