Hasta Puerto Rellena, en Cali, llegó el ministro del Interior, Alfonso Prada, para seguir explicándole al país cómo se ejecutará el polémico proyecto con el que el Gobierno le concederá la libertad condicional a los integrantes de la Primera Línea señalados de cometer delitos en el marco de las protestas de 2021.
En ese sector de la capital vallecaucana, que durante las protestas fue rebautizado como Puerto Resistencia y se convirtió en el epicentro de las movilizaciones en ese departamento, el ministro Prada defendió el proyecto y las primeras liberaciones ordenadas por el Gobierno de siete jóvenes bajo este programa.
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“Escuché a la comunidad y no hay un solo colombiano aquí presente en este evento en Cali que no quiera ser un actor de la paz. Todos quisieran ser gestores y voceros y me voy con ese mensaje”, expresó el ministro del Interior.
Pero así como defendió la creación de la figura de voceros de paz (liberación de miembros de Primera Línea) y gestores de paz (subsidio de un millón de pesos para 100.000 jóvenes), Prada fue enfático en que quienes sean liberados bajo este proyecto “quedan sometidos al proceso judicial y a la sentencia porque es el juez quien lo determina”.
“Quienes tengan el beneficio de la libertad quedan sometidos al proceso judicial y a la sentencia porque es el juez quien determina. Es lo único que no podemos hacer, ni violar la Constitución, ni violar la separación de poderes”, sostuvo Prada.
Aseguró que con la liberación de los siete jóvenes la semana pasada, dos de ellos del Valle del Cauca, el Gobierno “no violentó la competencia de los jueces y mantenemos inquebrantable la separación de poderes y el respeto por su decisión”.
El ministro del Interior ya había dejado claro hace unos días que las liberaciones de 283 jóvenes de la Primera Línea para que sean voceros de paz “no es un perdón judicial”.
“Acá no existe amnistía, indulto o perdón judicial. Todos los procesos judiciales de quienes hayan sido judicializados en medio de las protestas continuarán en manos de los jueces (...) Es una medida transitoria que nos permitirá utilizar de la mejor manera posible a los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia”, aclaró Prada desde la Casa de Nariño.
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Y es que, la idea del presidente Petro es dejar en libertad antes de Navidad a jóvenes que están imputados por un dossier de 20 delitos que van desde conductas menores como perturbación al servicio de transporte púbico, hasta terrorismo, homicidio y homicidio agravado, por lo que el papel de los jueces es determinante en este proceso.