Un grupo de víctimas del conflicto armado radicó este jueves la primera acción jurídica contra el antiguo Secretariado de las Farc ante la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el presunto ocultamiento de bienes y enriquecimiento ilícito, sustentando su denuncia en el reciente informe de la Contraloría General que alertó sobre la entrega incompleta del inventario pactado para la reparación y la existencia de activos no reportados.

La actuación judicial exigió la expulsión inmediata de los exjefes guerrilleros del tribunal transicional por violar el régimen de condicionalidad y solicitó al ente acusador investigar delitos como lavado de activos, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.

Sergio Alzáte, vocero de los denunciantes, explicó el alcance de la acción y detalló las inconsistencias halladas: “El día de hoy denunciamos penalmente al secretario de las Farc por enriquecimiento ilícito, por no haber entregado 721 inmuebles y más de 170 kg de oro entre oro puro y joyas, los cuales reportaron dentro de su haber y 24.000 cabezas de ganado, que tampoco entregaron para las víctimas”.

Según el documento radicado, la antigua guerrilla habría transferido apenas el 10 % del patrimonio real y mantuvo una estructura financiera basada en economías ilegales que dejó por fuera activos superiores a los 13,5 billones de pesos.

La Contraloría General de la República respaldó estos señalamientos en su informe de seguimiento, donde confirmó que de los 722 bienes raíces prometidos en el Acuerdo de Paz, materialmente solo se recibió una unidad que ni siquiera ha sido monetizada.

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El ente de control fiscal reveló además que, de los 12.070 millones de pesos en efectivo acordados, únicamente ingresaron 2.114 millones a las arcas del Estado, y advirtió que dentro de la entrega de divisas se detectaron 1.500 dólares falsos. 

Las cifras oficiales indicaron también un incumplimiento masivo en la entrega de semovientes, pues de 24.456 cabezas de ganado reportadas en el inventario inicial, solo llegaron a manos del Estado 258 animales.

Este déficit de activos generó una desfinanciación del 83,6 % para la reparación de las víctimas en la vigencia 2026, lo que provocó un hueco fiscal de 101.858 millones de pesos necesarios para cumplir los dos primeros fallos de la JEP.

Ante la insolvencia de los bienes aportados por los excombatientes, el tribunal transicional trasladó la responsabilidad financiera al Gobierno Nacional, tal como lo señaló el magistrado Camilo Suárez al advertir que “el papel de un juez es decidir la responsabilidad y emitir sentencias, mientras que el del Gobierno es cumplirlas”.

Los demandantes solicitaron a la Fiscalía activar mecanismos de cooperación internacional y extinción de dominio sobre los bienes que estarían en manos de testaferros para garantizar los derechos de las víctimas.

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