El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, se refirió al atentado contra el senador Miguel Uribe, ocurrido el 7 de junio en Bogotá, y reconoció que a pesar de que su equipo cumplió con los protocolos establecidos, se presentaron fallas en el esquema de seguridad.
Rodríguez explicó que, si bien el personal encargado de la protección estaba completo y los vehículos operativos, armamento y munición estaban en óptimas condiciones, se produjeron circunstancias que afectaron la efectividad del servicio.
El director de la UNP detalló que las investigaciones sobre el atentado están siendo adelantadas por la Fiscalía y la Procuraduría, mientras que la entidad a su cargo realiza una indagación interna.
"Nosotros hemos revisado todos nuestros procesos, nuestros protocolos y pues hemos encontrado que cumplimos con todos lo que tiene que ver con el cubrimiento de las personas que tenían que estar", indicó Rodríguez.
Aclaró que el equipo asignado al senador Uribe contaba con los recursos necesarios para garantizar su seguridad, pero admitió que hubo "lamentables coincidencias" que afectaron la distribución de las personas encargadas de su protección.
El director señaló que hubo asignaciones inadecuadas el día del atentado. Explicó que el jefe del esquema de seguridad, quien era un miembro de la Policía, coordinó con el congresista cómo debía distribuirse el personal para la protección.
Sin embargo, algunos de los agentes encargados del esquema "estaban trasnochados", mientras que otros, que debían proteger al senador, se encontraban atendiendo la seguridad de su núcleo familiar.
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Rodríguez puntualizó que "lo correcto es siempre cubrir a la persona que es el protegido principal y la extensión de las medidas al núcleo familiar se hace después de que se cubre a la actividad principal".
A pesar de las fallas en la distribución del personal, el director de la UNP enfatizó que la investigación interna continuará para determinar las responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Asimismo, indicó que la protección de los funcionarios públicos y líderes políticos continuará siendo prioridad para la entidad.
En este contexto, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados emitió un comunicado condenando enérgicamente el magnicidio de Uribe, a quien calificaron como un líder "ejemplar" y un "defensor incansable de la democracia".
"Condenamos enérgicamente este crimen atroz y acto terrorista, que por su naturaleza debe ser imprescriptible", señaló el comunicado. Los abogados insistieron en la necesidad de que las autoridades nacionales e internacionales continúen con investigaciones exhaustivas y judicializaciones oportunas, añadiendo que no descansarán hasta que los responsables, tanto materiales como intelectuales, enfrenten la justicia.
"Exigimos que quienes, por acción u omisión, desatendieron las solicitudes de protección y dejaron al senador en estado de indefensión, sean llevados ante los tribunales", subrayó el comunicado.
Asimismo, la firma expresó su solidaridad con la familia de Uribe, enfatizando que su legado de servicio y valentía quedará marcado en la historia de Colombia.
El atentado contra Uribe ocurrió el 7 de junio en el barrio Modelia, durante un mitin político. El senador, que aspiraba a la presidencia en las próximas elecciones, recibió tres disparos. Aunque inicialmente se temió por su vida, su condición mejoró momentáneamente, lo que permitió especular con una posible rehabilitación. Sin embargo, en los últimos días su salud se complicó debido a una hemorragia cerebral, lo que finalmente llevó a su fallecimiento en la madrugada de este 11 de agosto.
El atentado, que ha sido calificado como un magnicidio, sigue siendo investigado por las autoridades. Hasta la fecha, seis personas han sido detenidas, incluido un menor de edad, quien fue identificado como el autor material del ataque.
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