Una compleja red de colaboración que involucró a un misterioso ciudadano extranjero dedicado al tráfico de armas y a altos funcionarios de inteligencia estatal que presuntamente entregaron información confidencial a las disidencias de las Farc quedó al descubierto tras el análisis de los archivos digitales incautados a alias Calarcá y que permanecen bajo custodia de las autoridades sin que hasta el momento existan judicializaciones al respecto.

Los investigadores hallaron en los dispositivos electrónicos una serie de fotografías y conversaciones que probaron la presencia de un ciudadano de nacionalidad china en los campamentos guerrilleros más profundos del país. El hombre, identificado en una tarjeta de presentación hallada en los chats como Jixing Zhang, figuraba con cargos de gerente y subgerente en empresas de comercio e inversión con sede en la provincia china de Henan.

Según los testimonios recolectados y los mensajes de texto, este extranjero recorrió personalmente las zonas rojas del Catatumbo, Caquetá y el sur de Bolívar presentándose inicialmente como un inversionista interesado en proyectos agrícolas.

Sin embargo, la realidad que expusieron los archivos revelados por Noticias Caracol fue muy distinta pues el propósito real de sus visitas se centró en el fortalecimiento militar del grupo armado. Las imágenes recuperadas mostraron al ciudadano asiático posando sonriente junto a alias Richard Catatumbo, uno de los jefes disidentes más buscados, mientras inspeccionaban armamento pesado. En una de las fotos más reveladoras se observaron seis morteros y una caja con granadas de 81 milímetros, material de guerra de alto poder destructivo que el extranjero ofreció y vendió a la organización ilegal.

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El rastro digital indicó que la relación comercial trascendió la simple venta de fusiles y ametralladoras para dar paso a la instalación de infraestructura industrial en la selva. Los chats entre los cabecillas detallaron el montaje de un taller de armamento que contó con maquinaria moderna, incluido un torno de fabricación china de última generación, destinado a la reparación y fabricación de armas.

Además del negocio bélico, las investigaciones apuntaron a que la presencia del extranjero sirvió para lavar dinero de la organización a través de la compra de oro y supuestas inversiones en empresas fachada, aprovechando la dificultad de las autoridades para rastrear capitales con conexiones asiáticas en zonas de conflicto.

El ‘Chulo’ de la inteligencia estatal

Mientras el grupo armado se fortalecía con tecnología extranjera, en Bogotá operaba un presunto aliado estratégico incrustado en el corazón del Gobierno. Los documentos señalaron a Wilmer Mejía, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), como el enlace clave entre la institucionalidad y los grupos criminales.

Conocido en el mundo del hampa con el alias de ‘El Chulo’, este funcionario, que es licenciado en educación física, escaló posiciones hasta convertirse en un poder en la sombra dentro de la agencia de inteligencia que sirve directamente a la Presidencia de la República.

Testigos y fuentes consultadas aseguraron que Mejía utilizó su influencia para purgar a oficiales de la fuerza pública que no eran afines al Gobierno, decidiendo sobre ascensos y retiros. Su rol cruzó la línea de la legalidad al participar presuntamente en reuniones directas con los cabecillas de las disidencias, tanto en Colombia como en Venezuela.

Según los relatos de un jefe guerrillero que colaboró bajo reserva, Mejía asistió a encuentros para coordinar la creación de una empresa de seguridad privada que serviría para legalizar a los combatientes y permitirles portar armas con permisos del Estado.

El funcionario negó las acusaciones y aseguró que todo se trató de un montaje en su contra, argumentando que ni siquiera logró gestionar un arma para su protección personal. No obstante, los correos y mensajes en poder de la Fiscalía describieron con precisión su participación en la estrategia para evitar que la fuerza pública golpeara a las estructuras disidentes en momentos clave, facilitando incluso la movilidad de guerrilleros con órdenes de captura vigentes mediante el uso de esquemas de protección oficiales o evitando los puestos de control.

Traición en las comunicaciones militares

El nivel de infiltración llegó a un punto crítico que comprometió la seguridad nacional con la entrega de secretos militares. La investigación periodística reveló que, en el marco de unas reuniones clandestinas realizadas en Bogotá, oficiales del Ejército y el funcionario de inteligencia Wilmer Mejía pactaron un acuerdo de no agresión con los delegados de las disidencias para las zonas de Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar. El objetivo de este pacto ilegal era evitar enfrentamientos armados entre las tropas legítimas y los grupos ilegales que supuestamente se encontraban en diálogos de paz.

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Para cumplir con este acuerdo, los uniformados entregaron a los criminales los códigos de las frecuencias radiales del Ejército. Esta información, que es de carácter reservado y secreto, permitió a los disidentes sintonizar las comunicaciones de los batallones para escuchar en tiempo real los movimientos de las tropas, saber dónde se ubicaban los soldados y anticipar cualquier operativo en su contra.

Además de las frecuencias, los oficiales facilitaron los números de contacto de los comandantes de las unidades militares en las regiones mencionadas para que los jefes guerrilleros pudieran llamarlos y coordinar sus desplazamientos sin riesgo de entrar en combate.

Este intercambio de información sensible dejó a las tropas regulares en una situación de vulnerabilidad extrema, pues el enemigo conocía sus posiciones y planes operacionales. Los archivos de alias Calarcá evidenciaron que los disidentes recibieron incluso hojas de vida y datos personales de suboficiales de inteligencia que trabajaban en su contra, lo que puso en riesgo la vida de los uniformados.

A pesar de la gravedad de estas pruebas, que reposan en los dispositivos incautados desde hace más de un año, el ente investigador no abrió procesos formales contra los implicados, permitiendo que esta red de colaboración continuara operando bajo el amparo de la impunidad.

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