La reforma pensional en Colombia enfrenta un nuevo obstáculo en la Corte Constitucional tras el impedimento solicitado por el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, quien argumenta su participación previa en la tramitación de la ley como secretario general del Senado.

Eljach Pacheco solicitó a la Corte Constitucional que lo declare impedido para rendir concepto en el proceso de inconstitucionalidad contra la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional.

En su escrito, Eljach argumenta que, en su anterior rol como secretario general del Senado, participó en la tramitación del proyecto de ley, lo que podría comprometer su imparcialidad en el actual proceso.

Señaló que, según los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991, una causal de impedimento es haber intervenido en la expedición de la disposición acusada.

Aunque estas causales están diseñadas para los magistrados de la Corte Constitucional, la jurisprudencia las ha extendido al representante del Ministerio Público, quien debe rendir concepto en los procesos de constitucionalidad, según la Constitución.

Expertos en derecho constitucional han expresado que, si bien los conceptos de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo son valiosos, la Corte Constitucional posee la autonomía para tomar decisiones fundamentadas incluso sin estos aportes.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry afirmó: "El concepto de la Procuraduría y la Defensoría es indispensable, pero la Corte, si bien lo tiene en cuenta, no es determinante".

Esto sugiere que, aunque la ausencia del procurador puede generar retrasos, no compromete la capacidad del tribunal para emitir un fallo sobre la reforma pensional.

Concepto sobre traslado de régimen pensional

Adicionalmente, se conoció que el procurador Eljach emitió un concepto a la Corte Constitucional en el que solicitó no considerar la demanda que permitiría a los colombianos cambiar de régimen pensional faltando 10 años o menos para su jubilación.

El funcionario argumentó que la permanencia obligatoria en el régimen elegido no vulnera derechos fundamentales y que la demanda podría desfinanciar el sistema pensional.

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“Para la Procuraduría la disposición acusada no impide la materialización de otros derechos fundamentales surgidos de las relaciones laborales. A su vez, se reitera, tampoco limita, restringe o niega el acceso al derecho a la pensión de vejez cuando el afiliado cumpla con todos los requisitos legales, ni vulnera los derechos adquiridos de los afiliados, ello, por cuanto el trabajador tomó libre y conscientemente y de manera informada la decisión del sistema pensional al cual quiere pertenecer”, explicó Eljach.

Retrasos en la Corte Constitucional

La solicitud de impedimento por parte del procurador Eljach se suma a retrasos anteriores en la Corte Constitucional relacionados con la reforma pensional.

A inicios de marzo, se informó que un error en la Secretaría de la Corte provocó un retraso de al menos 30 días en la decisión sobre la reforma. Este error estuvo relacionado con un impedimento no resuelto de la magistrada Diana Fajardo, quien se apartó del debate debido a su participación previa en procesos relacionados con el sistema pensional.

La solicitud de impedimento de Eljach introduce un factor de incertidumbre en un proceso ya tensionado por plazos y expectativas políticas.

De aceptarse, la Corte designaría al viceprocurador Silvano Gómez Strauch para emitir el concepto, lo que garantizaría continuidad, pero implicaría un traslado formal y un nuevo plazo de 30 días, según el procedimiento estándar.

Expertos consultados por medios como Valora Analitik indicaron que este escenario dilataría la decisión final, prevista inicialmente para marzo, acercándola peligrosamente al 1 de julio, fecha de entrada en vigor de la reforma.

Un fallo tardío podría generar choques entre el Gobierno, que defiende la norma como pilar social, y sectores opositores que, como Paloma Valencia, alegan vicios de trámite.

Si se rechaza el impedimento, Eljach deberá pronunciarse, enfrentando el desafío de mantener neutralidad tras su rol en el Senado, lo que algunos analistas ven como una prueba de su independencia frente al Ejecutivo que lo ternó. En cualquier caso, el debate jurídico se alarga, intensificando la expectativa pública y las fricciones institucionales.

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