La Superintendencia Nacional de Salud exigió a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) garantizar de manera inmediata, continua y sin dilaciones el acceso efectivo a servicios y tecnologías en salud, y advirtió que impondrá medidas administrativas y sancionatorias ante cualquier incumplimiento.
El organismo recordó que el derecho a la salud es fundamental, autónomo e irrenunciable, conforme a la ley y debe asegurarse en todas las fases de atención: promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación.
El reclamo de la Superintendencia surge después de la molestia generalizada en el país, tras la muerte del niño de 7 años Kevin Acosta, quien padecía de hemofilia, tuvo un accidente, no recibió el medicamento mensual que controlaba su patología y se agravó.
La entidad ordenó a las EPS identificar y eliminar de forma inmediata cualquier barrera administrativa, contractual, operativa o relacionada con su red de prestadores que limite el acceso de los afiliados a servicios médicos.
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La instrucción cobra especial relevancia en el caso de sujetos de especial protección constitucional, como mujeres gestantes, niños y adolescentes, personas mayores, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades de alto costo, cáncer, VIH o patologías huérfanas.
La Superintendencia reiteró el cumplimiento obligatorio de la Circular Conjunta Externa 019 de 2025 y advirtió que su inobservancia dará lugar a actuaciones administrativas.
Asimismo, ordenó a las entidades responsables del aseguramiento ejercer un control estricto sobre la entrega completa y oportuna de medicamentos y demás tecnologías en salud, incluyendo la supervisión de gestores farmacéuticos y operadores logísticos.
El ente enfatizó que en ningún caso podrán trasladarse a los usuarios las consecuencias de fallas contractuales, financieras o logísticas, y que ante eventuales desabastecimientos deberán activarse planes de contingencia inmediatos para garantizar la continuidad del tratamiento.
La Superintendencia anunció un control reforzado y focalizado sobre el cumplimiento de estas obligaciones e invitó a la ciudadanía a reportar barreras de acceso a través de sus canales institucionales, con el fin de orientar acciones de inspección y corrección frente a las EPS.
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