El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, una propuesta que pretende modernizar el marco regulatorio del sector eléctrico y garantizar tarifas más justas para los colombianos.
Impulsado por el Ministerio de Minas y Energía, el texto plantea cambios estructurales a las Leyes 142 y 143 de 1994, que son la base de los servicios públicos domiciliarios en el país.
El objetivo central del proyecto es corregir los desequilibrios tarifarios, mejorar la focalización de subsidios y evitar cobros injustificados en las facturas de energía.
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es la mitigación de los efectos de la Opción Tarifaria, mecanismo que durante años permitió diferir aumentos en las tarifas de energía, generando una deuda acumulada que hoy impacta a los usuarios de los estratos más bajos.
Gobierno radica proyecto de ley para una “Regulación Justa” del sector energético en Colombia
El proyecto propone que, de forma excepcional, los usuarios de estratos 5 y 6, los grandes consumidores no residenciales y los usuarios no regulados asuman esa deuda, bajo el principio constitucional de solidaridad.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tendrá tres meses para definir los mecanismos técnicos y financieros que permitan calcular, liquidar y redistribuir los saldos.
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía dispondrá de un mes para establecer los criterios de excepción que eviten afectar a los pequeños negocios y hogares vulnerables. El alivio se aplicará gradualmente durante un plazo máximo de 15 años.
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El Gobierno defiende esta medida como un paso hacia la “justicia tarifaria”, al considerar que los sectores con menos capacidad de pago no deben cargar con el peso de la deuda.
No obstante, expertos del sector energético cuestionan la propuesta, señalando que traslada responsabilidades a usuarios que ya cumplieron con sus pagos y que el Estado debió asumir la deuda, como había prometido el exministro Ricardo Bonilla.
El proyecto de ley prohíbe incluir cobros ajenos al servicio eléctrico en las facturas, como tasas, impuestos o contribuciones no autorizadas.
Además, cuando se facturen varios servicios públicos, deberán totalizarse por separado, y el usuario podrá pagar de manera independiente cada uno.
Estabilización tarifaria y reducción de la volatilidad
Finalmente, el proyecto crea un nuevo artículo en la Ley 143 de 1994 que establece mecanismos de estabilización tarifaria y esquemas diferenciales para reducir la volatilidad de los precios de la energía.
El Ministerio de Minas y Energía deberá diseñar, en un plazo de seis meses, políticas que:
- Limiten la exposición de los usuarios a los precios de la bolsa de energía.
- Fomenten contratos de largo plazo entre generadores y comercializadores.
- Promuevan la equidad mediante esquemas tarifarios diferenciales.
- Incentiven la reconversión productiva hacia energías limpias y sostenibles.
Departamentos y municipios tendrán un año para ajustar sus tributos relacionados con el consumo de energía, o podrían ser requeridos por la Superintendencia de Servicios Públicos.
La CREG desarrollará los aspectos técnicos en un plazo máximo de seis meses posteriores a la expedición del decreto.
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