En el Atlántico estaría operando una presunta red dedicada a emitir incapacidades falsas por supuestas afectaciones de salud mental, según denuncias y evidencia revisada por este medio. El centro de este esquema sería una IPS ubicada en el barrio El Santuario, en Soledad, que expide incapacidades psiquiátricas por semanas —incluso meses— sin sustento clínico verificable.

Los documentos a los que se tuvo acceso muestran incapacidades prolongadas basadas en diagnósticos como “trastorno mixto de ansiedad y depresión”, “trastorno depresivo recurrente” o “trastornos mentales y comportamentales” (codificados como F412, F198 y F332), utilizados para justificar largas ausencias laborales financiadas por la EPS.

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Sin embargo, la realidad contradice lo consignado en el papel.

Una fuente de total credibilidad entregó registros de varios beneficiarios —todos con incapacidades que supuestamente les impedirían trabajar— asistiendo a fiestas, conciertos, reuniones sociales e incluso realizando actividades laborales informales, mientras continúan cobrando incapacidades pagadas con recursos públicos. Un fraude que golpea directamente al sistema de salud y al régimen de incapacidades.

La misma fuente aseguró que algunos empleados pagan cuotas a profesionales vinculados para obtener incapacidades sucesivas, “blanqueando” su ausencia laboral mediante diagnósticos difíciles de cuestionar.

¿Cómo puede sobrevivir un sistema cuando se convierte en caja menor de redes fraudulentas?

Este medio consultó a una funcionaria de Salud Total, EPS a la que se le reportaron los casos y el patrón repetido de incapacidades sin evolución clínica. Su respuesta fue simple: silencio administrativo.

Y mientras tanto, el costo lo asume el país: empresas que pierden productividad, EPS que cargan incapacidades dudosas y un sistema que se debilita porque una minoría inescrupulosa lo usa como caja menor.

La práctica podría configurar delitos penales como falsedad documental, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Por eso, otra fuente confirmó que llevará la información a la Fiscalía para que investigue el posible entramado de corrupción en la expedición de incapacidades psiquiátricas.

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Un patrón que se repite: incapacidades sin soporte y diagnósticos genéricos

Las historias clínicas revisadas muestran diagnósticos repetitivos, escasa evolución, ausencia de pruebas psicológicas y planes de manejo que consisten casi exclusivamente en incapacidades prolongadas, renovadas de manera automática y sin verificaciones laborales o evaluaciones profundas, en contravía de los protocolos establecidos.

Un síntoma de un sistema que se deteriora

Este caso no es aislado: evidencia cómo algunos prestadores convierten la salud mental —un tema que requiere rigor y atención— en un negocio clandestino de incapacidades. Y deja en el aire una pregunta crucial:

¿Puede sostenerse un sistema donde ciertos actores lo defraudan mientras millones de colombianos lo financian de buena fe?

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