Crecen la polémica y los cuestionamientos frente el anuncio del gobierno Petro de crear Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para grupos armados ilegales, entre ellos el Clan del Golfo, que más allá de un enfrentamiento con la Fiscalía tendría un trasfondo de intereses políticos, advirtieron analistas.

Expertos en el conflicto analizaron la medida, cuestionaron la falta de condiciones de las ZUT, así como la logística, seguridad y verificación para esos eventuales traslados, sumado a los tiempos de la implementación, que debería obedecer a los avances reales en las negociaciones.

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Sin importarle las recomendaciones de la Fiscalía, ante lo que considera una falta de información verificable sobre el estado avanzado del proceso de paz y el cumplimiento de requisitos legales, el Presidente insistió en otorgar beneficios a grupos criminales como el Clan del Golfo y Comuneros del Sur y establecer unas Zonas de Ubicación Temporal.

La decisión tomada por la fiscal, Luz Adriana Camargo, de no aceptar inmediatamente la suspensión de órdenes de captura de 29 miembros del Clan del Golfo no cayó para nada bien en la Casa de Nariño, desde donde el Jefe de Estado ha ordenado que se cumplan sus órdenes, pese a las dudas sobre el marco legal.

“Las zonas de concentración para la salida de combatientes se respeta por orden del Presidente, porque es quien ordena la política de paz de Colombia”, señaló Petro, quien además dio la orden a sus jefes de delegación de avanzar de manera rápida con el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco ZUT.

A estos mensajes se sumó el pronunciamiento del Comisionado de Paz, Otty Patiño, quien cuestionó a la Fiscalía, al asegurar que no se apega a lo ordenado en la Ley 2272 de 2022.

Sostuvo que “es extraña” la decisión de la Fiscalía porque la ley no tiene espacio para “una interpretación contraria” y tampoco hay espacio para “valoraciones adicionales no previstas expresamente por el legislador”, porque estas decisiones le “corresponde constitucional y legalmente al Presidente de la República, como responsable de la conducción de la política de paz y del orden público”.

Intereses políticos

Más allá de una evidente tensión entre el Presidente y la Fiscalía, como ya ha ocurrido con la Rama Judicial, los jueces y magistrados cuando las decisiones no son de su agrado, habría varios intereses implícitos que buscaría alcanzar el Gobierno con esta suspensión de órdenes de captura, de acuerdo a la visión de los expertos consultados.

Para el excomisionado de Paz Miguel Antonio Ceballos otorgar estos beneficios es apresurado y resulta hasta imprudente iniciar traslados a las ZUT, cuando el diálogo de paz con el Clan del Golfo no tiene ningún tipo de acuerdo pactado.

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“En la Ley 2272 del 2022 está la posibilidad de crear estas zonas, pero con unas condiciones muy claras, entre ellas que haya un avance real y palpable, es decir, demostrables de la posibilidad de entablar. El Gobierno tuvo mucho tiempo para establecer estas zonas, pero de una manera responsable y no de una manera ligera como lo está haciendo en este momento”, advirtió.

No se puede desconocer que esta decisión se da en época electoral, uno de los mayores riesgos según advirtió Jorge Mantilla, experto en conflicto armado, gobernanza criminal y seguridad, al señalar que es una forma de hacer política en medio de unos comicios, donde abiertamente el Presidente ha sido poco neutral.

“Es un escenario de clientelismo armado, en el cual se le está permitiendo al Clan del Golfo desarrollar proselitismo político sin dejar las armas. Actualmente, hay un Gobierno que se está jugando su futuro electoral en las elecciones. Por ello, crea estos beneficios que son completamente nocivos para la democracia y para un proceso de paz, donde este grupo armado va a estar ejerciendo control social y político”, aseguró Mantilla.

Sostuvo que es muy conflictivo otorgar estos beneficios al Clan del Golfo en medio de un cambio de Gobierno, porque “es un chantaje político que consiste sencillamente en decirle a las comunidades que si no apoyan el proceso de reelección o no apoyan la candidatura de Iván Cepeda la violencia va a regresar a los territorios”, afirmó.

Las cinco zonas ZUT quedarán ubicadas en el Catatumbo, para la disidencia de Calarcá; otra en Nariño, para Comuneros del Sur; una más en Tierralta, Córdoba, para el Clan del Golfo; y las otras dos en Nariño y Putumayo, para las disidencias de Walter Mendoza.

Expertos han advertido de un panorama de “zozobra y preocupación” sobre el control territorial que puedan ejercer estos grupos armados en zonas bajo su control, lo cual puede incidir en un posible constreñimiento y otros delitos electorales, como se ha insinuado.

Sin claridad en las condiciones

A estos cuestionamientos, expertos también advierten de la falta de claridad sobre las condiciones de estas ZUT, su seguridad y logística, así como la verificación de los integrantes y hasta de una ley de sometimiento inexistente.

“Estos beneficios son completamente nocivos para la construcción de paz porque no hay un marco jurídico en el cual esos grupos tengan realmente un horizonte de movilización”, advirtió Mantilla.

Pese a que la intención del Gobierno es transmitir un mensaje de avance en la negociación y hasta provocar una “irreversibilidad a estos procesos”, para la investigadora de la Fundación de Ideas para la Paz, Paula Tobo, aún persisten dudas sobre la falta de capacidades institucionales para materializar estos compromisos.

La investigadora cuestionó la poca preparación desde el Gobierno y hasta un escenario probable de falta de incentivos de los mismos grupos armados, que en medio de la creación de unas ZUT e iniciar el proceso de desplazamiento, no se sabe con claridad qué sucederá a futuro.

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“Es un escenario que no está sólido. En esta etapa de negociación no tienen la claridad de qué va a ser del futuro jurídico porque no hay una ley de sometimiento. Ellos se concentrarían sin siquiera saber qué es lo que va a pasar con ellos después, si van a tener acceso a justicia transicional, si va a ser por sometimiento individual o colectivo. Esas son cosas que deberían estar ya en este proceso de las negociaciones”, sostuvo Tobo.

Ceballos, quien ya estuvo en este cargo de comisionado de paz, criticó duramente la labor de Otty Patiño y hasta propuso cambios, incluido derogar el cargo.

“La figura del comisionado de paz debe ser totalmente revisada y eliminada, porque la suspensión de órdenes de captura se volvió absolutamente discrecional y arbitraria, por parte de la oficina del Consejero de Paz. Interfieren en la política criminal del país que debe combatir la criminalidad y los grupos armados y no terminar fortaleciéndolos”, señaló.

Agregó que “estas cuestiones deberían pasar a un Ministro del despacho, que puede tener control del Congreso, que puede tener mucha más veeduría y no puede de manera tan irresponsable y discrecional pedir la suspensión de órdenes de captura que la Fiscal General no aceptó”.

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