La disputa con Nicaragua por la pretensión del régimen de Daniel Ortega de quedarse con una parte del mar colombiano, le ha costado al Estado más de $28.896 millones desde 2013. De esto, el presidente Gustavo Petro gastó más en cuatro meses y medio que lo que alguno de sus dos antecesores en un año.

Desde el 7 de agosto hasta el 31 de diciembre, el Gobierno pagó $3.878 millones en ese proceso, monto al que se le adicionan $248 millones para cuestiones logísticas y administrativas. La suma de esos

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Ese valor equivale a casi el presupuesto total que tuvo esa diligencia internacional en 2022, pues al revisar el compendio de 2022 —teniendo en cuenta los últimos meses de Iván Duque en el poder— la cantidad total de asignación presupuestal para ese periodo es de $4.334 millones.

Los datos corresponden solo al proceso de defensa en el litigio conocido jurídicamente como “Cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas” que está en trámite desde 2013 y sobre el que se podría conocer una decisión de la Corte Internacional de Justicia en este 2023.

Esa plata es lo que ha costado el pago a los agentes del equipo de Estado, los cinco abogados internacionales y los cuatro asesores técnicos (dos personas naturales y dos agencias), además de los gastos administrativos para transportar al equipo a Países Bajos, donde se libran las disputas en la Corte.

Al tratarse de una cuestión diplomática con juristas que litigan en el exterior, todos los contratos han sido firmados en dólares y el pago ha entrado en el presupuesto de la Embajada de Colombia ante los Países Bajos, que es la oficina diplomática llamada a hacer frente a ese caso.

La elevada suma solo tiene en cuenta la discordia por el mar, pues el proceso de las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe en el que Nicaragua también demandó a Colombia, culminó en abril de 2022 con la lectura de la sentencia del tribunal.

El cambio de Petro

Es claro que el Estado necesita un equipo de defensa porque, si Colombia no hubiese participado, el régimen de Ortega habría podido solicitarle a la Corte que fallara a su favor sin que el Estado tuviera la posibilidad de presentar sus argumentos. En términos deportivos, habría ganado por W.

Lo particular del alza en los gastos que tuvo la chequera de la Cancillería de Álvaro Leyva en esos últimos cuatro meses de 2022 es que, a la par del cambio de Gobierno, Petro anunció una modificación de los agentes del proceso sacando del liderazgo del litigio a quienes lo habían encabezado durante nueve años y conocían los pormenores de este.

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Ese caso lo habían gestionado Carlos Gustavo Arrieta Padilla, exmagistrado del Consejo de Estado y exprocurador General de la Nación, y Manuel José Cepeda Espinosa, expresidente de la Corte Constitucional. Ellos, incluso, mantuvieron la estabilidad en sus cargos en la transición de Gobierno entre los expresidentes Juan Manuel Santos a Iván Duque.

Pero la administración Petro-Leyva los relevó del cargo en octubre para asignar a Eduardo Valencia-Ospina como líder del litigio, quien había ejercido como asesor y abogado del Estado en los litigios ante ese tribunal, incluido el proceso actual contra Nicaragua. Además, designaron como coagentes a la experimentada internacionalista Carolina Olarte Bácares y a la científica Elizabeth Taylor Jay, quien es raizal.

La Cancillería sostiene que “los costos por honorarios han atendido de manera racional las condiciones para la oferta existente en este tipo de procesos, sin que esto haya indicado costos mayores a los que han incurrido otros Estados en litigios con la misma naturaleza”. Ese rubro de los honorarios representó $3.588 millones del gasto de 2022.

Si bien el cambio de estos profesionales representó un alto gasto para cuatro meses, es innegable que la experiencia y la capacidad de Valencia-Ospina, Bácares y Taylor está a la altura de la responsabilidad en el litigio.

¿Efecto dólar?

Una de las explicaciones que dio el mandatario a la renovación de los coagentes es que, a su juicio, no se había incluido a la comunidad raizal en el proceso y que la llegada de Taylor Jay significaba su inclusión en la disputa.

Pero el Estado sí tenía un equipo raizal integrado por los raizales Kent Francis James y Joe Jessy, porque la defensa de Colombia se había enfocado en la unidad del Archipiélago desde antes de la llegada de Petro a la Presidencia.

Es más, Francis se convirtió en la primera persona raizal en hablar ante La Haya el 21 de abril de 2022, cuando viajó hasta Países Bajos para tomar la vocería en audiencias orales.

El profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, Ricardo Abello, apunta que ese litigio es una cuestión de geoestrategia para el país, ya que el mar Caribe es fundamental para la investigación científica, pesca y la búsqueda de minerales, pero llama la atención sobre que “ya era muy tarde para hacer un cambio de estrategia y se cambiaron de personas”.

El único periodo en el que se había gastado un monto semejante fue todo 2015, cuando el gobierno Santos destinó un presupuesto de $4.125 millones, además de 2018 cuando en el tránsito de Gobierno entre Santos y Duque se destinaron $3.970 millones.

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Pero en los nueve años que lleva el litigio el dólar jamás había llegado a los históricos que reportó en el segundo semestre de 2022 por el recelo de los mercados por el cambio de administración: factor que terminó subiendo las cuentas frente a un peso debilitado.

Las inversiones para defender los intereses del Estado colombiano frente a las pretensiones nicaragüenses están hechas y solo la sentencia de la Corte Internacional de Justicia determinará el futuro de esas 200 millas náuticas que unen la chequera de Santos, Duque y Petro.

La disputa por el mar del archipiélago

Nicaragua alega tener derecho a una plataforma continental extendida, es decir, al suelo y al subsuelo marino más allá de las 200 millas náuticas desde su costa, con lo que busca redibujar el mapa de las plataformas continentales de los dos estados.

La Cancillería de Colombia le ha respondido ante la Corte Internacional de Justicia que “su reclamación por una supuesta plataforma continental extendida no tiene ningún fundamento y Colombia ha aportado argumentos y pruebas que demuestran que tiene plena e indiscutible titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua, por tanto, no hay nada que delimitar entre los dos Estados”.

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