El presidente, Gustavo Petro, denunció la existencia de al menos 499 “levantes fraudulentos” asociados al ingreso ilegal de mercancías al país, operaciones que, según dijo, podrían involucrar cientos de contenedores y representar un desfalco de hasta $8 billones al erario.

En una rueda de prensa en la Casa de Nariño, el mandatario afirmó que estos levantes corresponden a procesos falsos de importación que habrían permitido el paso de grandes volúmenes de mercancía sin control aduanero, en un esquema que, aseguró, está vinculado al lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Petro señaló directamente al software Lucía, utilizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), al afirmar que su arquitectura “está hecha para robar” al no permitir un control efectivo de las operaciones de comercio exterior y de las declaraciones tributarias.

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Según el jefe de Estado, las fallas estructurales del sistema habrían facilitado durante años la fuga de recursos públicos por montos billonarios.

Sostuvo que parte de estas maniobras se realizan mediante el uso fraudulento del Plan Vallejo, un mecanismo diseñado para incentivar las exportaciones mediante exenciones tributarias a insumos importados. De acuerdo con Petro, redes criminales habrían accedido ilegalmente al sistema para simular operaciones de exportación y encubrir contrabando a gran escala.

“Lo que entra como contrabando es, en esencia, el lavado de dólares de la cocaína”, afirmó, al señalar que no se trata de organizaciones distintas, sino de las mismas estructuras criminales que cumplen funciones complementarias.

El mandatario también vinculó estas denuncias con la situación de orden público en Tuluá, Valle del Cauca, donde hoy fue asesinado el director regional de la DIAN, Gilberto Calao.

Según dijo, funcionarios de la entidad han sido amenazados por bandas criminales que ejercen control sobre procesos aduaneros y tributarios en algunas regiones del país.

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Petro indicó que las investigaciones adelantadas por la Inspección General de Tributos han permitido identificar puntos críticos de riesgo en puertos, aeropuertos y zonas francas, donde se concentran las irregularidades.

Entre los lugares mencionados están Cartagena, los aeropuertos de Medellín y Bogotá, las zonas francas de Buenaventura y Palmaseca, en Cali, así como Maicao, en La Guajira.

En ese contexto, reveló que 116 funcionarios de la DIAN y de aduanas están siendo investigados y que sus nombres ya fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación, aunque advirtió que esa cifra podría representar solo una parte del problema.

“Esperamos que el resultado de estas investigaciones sea efectivo”, expresó, al subrayar que el Gobierno busca desmontar redes de corrupción que, según afirmó, han operado durante años dentro del sistema aduanero y tributario del país.

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