Las entidades de tránsito de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario se encuentran entre los 37 organismos a los que la Superintendencia de Tránsito y Transporte les abrió investigación administrativa por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST) o fotomultas.
La Supertransporte explicó que la irregularidad detectada tiene que ver con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito indispensable para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas.
De acuerdo con el ente nacional, las inconsistencias detectadas corresponden al período comprendido entre 2019 y 2025.
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En el caso de los municipios del área metropolitana, las irregularidades en la imposición de fotomultas se registraron entre el 26 de marzo de 2019 y el 21 de noviembre de 2024; en Los Patios, entre el 15 de mayo de 2019 y el 21 de noviembre de 2024; mientras que en Villa del Rosario, el funcionamiento anómalo del sistema ocurrió entre el 14 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
La Opinión intentó establecer contacto con dichos organismos de tránsito para conocer el alcance de esta acción adelantada por la Supertransporte.
Operación legal en Cúcuta
La Secretaría de Movilidad de Cúcuta es una de las entidades que no ha sido requerida de manera oficial por el ente nacional; sin embargo, su titular, Johan Botello, dijo en principio que el sistema de fotomultas en la ciudad opera dentro del marco legal establecido y cuenta con el permiso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Asimismo, aclaró que en la capital del departamento no se imponen fotomultas por exceso de velocidad, sino por ausencia o uso inadecuado de los implementos de seguridad vial.
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Por su parte, Geovany Lozano, recién posesionado director de Tránsito y Transporte de Los Patios, indicó igualmente que la entidad tampoco ha sido notificada de un acto administrativo que ordene la revocatoria de oficio de comparendos impuestos mediante estos sistemas de fotodetección.
No obstante, recordó que en vigencias anteriores, entre los años 2015 y 2019, ya se adelantó ese proceso de depuración y prescripción masiva de comparendos por fotodetección, mediante el respectivo acto administrativo.
En cuanto a la Dirección de Tránsito de Villa del Rosario, aunque se estableció comunicación, no hubo respuesta al requerimiento realizado.
En todo caso, según la entidad nacional, 7,5 millones de comparendos fueron impuestos a través de los sistemas de fotomulta, de los cuales 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.
¿Qué sigue?
La medida adoptada por la Superintendencia de Transporte tiene varios efectos: por un lado, la anulación de las multas impuestas en los períodos y ciudades referidos, que debe ser automática por parte de las entidades locales; la devolución del dinero recaudado por efecto de las multas, tanto al ente nacional como al ciudadano; y posibles sanciones disciplinarias para los funcionarios que firmaron y validaron los comparendos irregulares.
Sobre la devolución del dinero por las multas pagadas, el ciudadano deberá iniciar una reclamación —vía derecho de petición, tutela, demanda o acción popular— individual o colectiva, a través de ventanillas digitales, sedes físicas o correos electrónicos de la secretaría de movilidad que impuso la sanción.
En este sentido, Hugo Santiago, veedor en asuntos de tránsito de la ciudad, señaló que quienes pagaron deben cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos, y quizá el más importante, es tener la factura que compruebe el pago de la multa. “Si la botó, no puede hacer nada”, dijo.
Adicionalmente, explicó que, en el caso de quienes aún tienen el comparendo, no todos tendrían necesidad de pedir nulidad, ya que, por el paso del tiempo, algunos ya habrían prescrito. “Pero eso no lo va a hacer de oficio ninguna secretaría, ya que les conviene tener una cartera ficticia y que, de pronto, algún incauto llegue y pague, así ya haya vencido la infracción”, afirmó.
Aclaró que el Ministerio tampoco va a cobrar por las personas, sino que sancionará a las entidades que cometieron las irregularidades, las cuales deberán pagar el doble de lo recaudado. Según Alfredo Piñeres, superintendente de Tránsito y Transporte, “si una entidad recaudó dos billones de pesos por concepto de fotomulta, deberá devolver cuatro billones”, explicó.
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