El Juzgado Penal Especializado de Medellín (noroeste) ordenó este lunes a la Fiscalía abrir investigación contra el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago como "presuntos determinadores" de los homicidios de dos abogados y defensores de derechos humanos ocurridos en 1998.
"Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez y al General Ospina como presuntos determinadores del homicidio de los ciudadanos Jorge Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo", precisó el juzgado.
La determinación se tomó dentro de la sentencia a 28 años de prisión contra José Miguel Narváez, exdirector de Inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), como "determinador" del secuestro de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba, ocurrido el 21 de mayo de 1999.
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Umaña fue asesinado en Bogotá el 18 de abril de 1998 en Bogotá por tres personas que se hicieron pasar por periodistas para ingresar a su oficina, ubicada en el barrio Nicolás de Federman.
Para ese momento, Umaña había denunciado que sectores del Ejército en complicidad con funcionarios de Ecopetrol y la Fiscalía pretendían acusar a dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) de estar relacionados con atentados a la infraestructura petrolera del país.
Mientras que Jesús María Valle fue baleado el 27 de febrero de 1998 en Medellín, por tres personas que ingresaron a su oficina y le dispararon después de hacerlo tender sobre el piso. El abogado había denunciado la complicidad del Ejército en las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997) en Ituango, Antioquia.
Tras conocerse la decisión, el expresidente Uribe dijo desde su cuenta de X que se trataba de "una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente".
Para tal efecto citó apartes de una sentencia de la Corte Interamericana que habría sido la fuente que tomó el juzgado como argumento para la compulsa de copias a la Fiscalía.
Mientras que el presidente Gustavo Petro se refirió al tema al sostener que "desde el poder público se ejercía el crimen en Colombia. Herederos de esta criminalidad poderosa siguen en las instituciones públicas y en la política, buscando devolver al crimen, el poder".
