Finalmente y tras una semana de movilizaciones pacíficas en Cúcuta, la minga barí y el Gobierno nacional alcanzaron los primeros acuerdos respecto al pliego de peticiones, a través del cual pueblo indígena reclama el cumplimiento de una serie de sentencias que le otorgan derechos y garantías sobre territorio ancestral en la subregión del Catatumbo. 

El ‘humo blanco’ surgió justo en el momento en que la comunidad indígena estaba a punto de dar el siguiente paso en su plan de protesta y avanzar a las vías de hecho, una opción que se mantiene latente, de acuerdo a cómo se siga el proceso de negociación. 

Alexander Dora Dora, coordinador de derechos humanos y colectivos del pueblo barí, indicó que el diálogo fue posible tras la llegada de los viceministros de Agricultura, Interior, Minas y Ambiente, con los que se procedió a la organización de mesas técnicas para avanzar en cada una de las solicitudes.

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Explicó que los acuerdos firmados en Cúcuta serán protocolizados en 10 días en Bogotá, en presencia de una comisión del pueblo barí, que será designada próximamente. 

Adjudicación de territorio 

La compra de 100.000 hectáreas de territorio, para ser adjudicados al pueblo barí fue uno de los acuerdos alcanzados y es clave en el cumplimiento de la sentencia T-052 de 2017, que tiene que ver justamente con la delimitación territorial de esa comunidad. 

Al respecto, Dora Dora dijo que la expectativa es que de aquí a diciembre se pueda avanzar en la adquisición de al menos la mitad del territorio contemplado, la compra del restante se haría antes de que finalice el primer trimestre del 2026. 

“Esa compra la va a hacer la Agencia Nacional de Tierra (ANT) conjuntamente con la autoridad barí, que se encargará de verificar y dar el visto bueno sobre el territorio pretendido”, dijo el líder de la comunidad indígena. 

Señaló que actualmente esos territorios están en manos de campesinos y algunos civiles, y aunque la negociación no debería ser un tema tan complicado, Dora expuso el inconveniente que se presenta con algunos propietarios que, coaccionados por los grupos armados que operan en la zona, se niegan a vender sus predios. 

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“Estamos revisando todos esos temas para poder avanzar sin mayores inconvenientes en la compra de las tierras en el territorio barí”, manifestó Dora Dora, quien señaló que sobre este particular se priorizará la negociación con las fincas que ya poseen título de propiedad y una vez caracterizadas se procederá a la definición presupuestal. 

En cuanto a las tierras que se encuentran en zona de reserva natural, Dora Dora señaló que “estamos pidiendo, a través de la resolución del Ministerio de Ambiente, vincular al resguardo Motilón Barí como coadministrador del parque natural Catatumbo Barí”.

Reconocimiento como víctimas

El reconocimiento como víctimas del conflicto armado, y como tal su acceso al derecho a la reparación, es otro de los ítems en los que se logró avanzar en las últimas horas, en medio de las negociaciones con el Gobierno nacional. 

Carla Chacón, directora territorial de la Unidad para las Víctimas, explicó que la comunidad ya fue notificada con la resolución 1205/44 del 22 de septiembre, que reconoce el confinamiento masivo como último hecho victimizante declarado, sin embargo, es necesario la corrección de algunos detalles en las declaraciones individuales para poder acceder a la respectiva ayuda humanitaria.

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Sobre la reparación colectiva, indicó que hoy llegará desde Bogotá un equipo de la subdirección de reparación colectiva para atender los casos pendientes y terminar la estructuración del Plan Integral de Reparación Colectiva (Pirc). 

Una vez cumplidos todos los trámites -que se espera sea hoy- las ayudas por confinamiento estarían siendo entregadas en octubre la primera, y la segunda en aproximadamente mes y medio, según Chacón. 

Dichas ayudas corresponden a kits alimentarios para 807 núcleos, es decir 2.659 personas, reconocidos en la última resolución, que abarca personas del resguardo ubicado en los municipios de El Carmen, Teorama, El Tarra, Tibú y Convención.

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