En medio de un grave y convulso panorama de orden público en el país, el Consejo de Seguridad de la ONU recibió este martes, 15 de octubre, el informe trimestral sobre la implementación del proceso de paz elaborado por el jefe de la misión de ese organismo en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.

Trascendió que en el documento, que analiza hechos ocurridos entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2024, el delegado aplaude el “profundo deseo” del Gobierno, de las autoridades, de las instituciones e incluso de las comunidades más vulnerables en la búsqueda de la paz en Colombia.

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En paralelo, hace un detallado análisis de la grave alteración del orden público que se vive en al menos 13 departamentos del país, lo que ha derivado en una profunda crisis humanitaria.

“Si bien reconozco el importante trabajo realizado y la magnitud de algunos de estos desafíos, hago un llamado a todos los involucrados para que redoblen sus esfuerzos y mantengan su enfoque en el objetivo general: alcanzar la paz por el bien de los millones de colombianos y colombianas, especialmente de comunidades indígenas y afrocolombianas, que aún se ven afectadas en su vida cotidiana por el flagelo de la violencia”, dijo António Guterres, secretario general de la ONU.

El informe da cuenta del aumento en las cifras de desplazamiento forzado y confinamiento, así como de los territorios más afectados por la presencia de grupos armados ilegales.

De acuerdo con el documento, entre el 1 de enero y el 31 de agosto se reportaron más de 137.200 personas desplazadas de manera forzada y 94.700 personas confinadas. La mayoría de estos hechos ocurren en la región del Pacífico, el noroeste y parte de la frontera con Venezuela, Putumayo, Caquetá, sur de Bolívar y La Guajira.

En un aparte, el delegado expone los desafíos que tiene el Gobierno colombiano para materializar las metas del Acuerdo de Paz, cada vez más acosado por las disidencias insurgentes.

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Por ejemplo, advierte que la implementación se ha visto afectada por la falta de presencia integral del Estado en zonas históricamente vulnerables, la situación de seguridad que enfrentan las comunidades, y la asignación y ejecución de recursos para avanzar en la implementación.

En entrevista con El Tiempo, Massieu destacó algunos casos en los que hubo reducción en las cifras respecto a hechos criminales que afectan la implementación, como la disminución en los asesinatos y amenazas contra excombatientes. Sin embargo, pese a esta reducción, la situación sigue siendo grave.

En ese contexto, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que durante el periodo reportado ocurrieron nueve asesinatos de excombatientes y ocho tentativas de homicidio.

Estos se suman al total de 432 firmantes de la paz asesinados desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo con las extintas FARC. Sobre este particular, el organismo destacó la necesidad urgente de promulgar el decreto que establece el programa de protección integral para excombatientes.

La ONU resaltó el papel de sus delegados en Colombia en la consolidación de los procesos de paz en curso con otros grupos armados ilegales, subrayando la importancia de superar las diferencias entre el Gobierno y el ELN y retomar el diálogo.

Advirtió la ONU que, aunque los ceses al fuego pueden contribuir a reducir los crímenes en los territorios, estos por sí solos no pueden poner fin al conflicto.

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