Un total de 458 combates registrados entre las Fuerzas Militares y grupos armados ilegales en 25 departamentos de Colombia durante los primeros nueve meses de 2025 evidencian una escalada de la violencia que contrasta con la postura del Gobierno nacional, que insiste en que los mapas de riesgo no reflejan la realidad del país.

La tensión entre el discurso oficial y los datos de seguridad quedó de manifiesto en el Consejo de Ministros del pasado 29 de septiembre, donde el presidente Gustavo Petro cuestionó los informes internacionales y las cifras de su propio gabinete. “El mapa del 2019 sigue siendo el mismo mapa de hoy. Los señores de The Economist sacan un mapa rojo de violencia, pero en departamentos como Córdoba las tasas de homicidio son tan bajas como las de Europa”, dijo el mandatario.

Petro también puso en duda el poderío de las estructuras criminales, al señalar que las cifras entregadas por las autoridades se basan en conteos que incluyen a personas desarmadas. “Porque ahí lo que dicen es 22 mil armados, y no hay 22 mil hombres armados. Ni el ‘Clan del Golfo’ los tiene. La mayoría son desarmados, gente de una vereda que ayuda a pasar una droga o cosas así”, afirmó.

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Estas declaraciones aludían a un informe de inteligencia, conocido por El Tiempo, que reveló un aumento del 6 % en la capacidad criminal de los grupos ilegales en el primer semestre de 2025. Aunque el documento reconoce que parte de esos 22.000 miembros corresponden a redes de apoyo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo que este fortalecimiento es “una traición a la voluntad del Gobierno de alcanzar la paz total”.

Según datos oficiales de las Fuerzas Militares, el conflicto interno se ha recrudecido de manera significativa. Los 458 combates registrados entre enero y septiembre de 2025 representan un incremento del 49 % en comparación con los 307 del mismo periodo en 2024. En 2023, la cifra fue de 294.

El conteo de la Defensoría del Pueblo, basado en su sistema de alertas tempranas, presenta un panorama similar, aunque su enfoque se centra en los riesgos para la población civil en departamentos como Caquetá, Putumayo, Meta, Guainía y Casanare, donde disidencias de ‘Iván Mordisco’, el ‘Clan del Golfo’ —con 7.551 hombres— y el Eln se disputan el control de rutas y economías ilícitas.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, concedió parcialmente la razón al jefe de Estado, pero matizó su posición. “El mapa simplifica una realidad que no corresponde a la lectura del Sistema de Alertas Tempranas. No es cierto que el riesgo sea extremo en todos los municipios ni que los grupos tengan control general. Pero tampoco podemos minimizar la gravedad del momento”, señaló Marín, quien hizo un llamado a “no simplificar ni minimizar” el panorama y pidió mantener los espacios de coordinación para atender las alertas.

Los hechos violentos recientes confirman la complejidad de la situación. El pasado 1 de octubre, tropas de la Brigada 29 del Ejército sostuvieron intensos combates en el departamento del Cauca con presuntos integrantes de la estructura Dagoberto Ramos, uno de los brazos más activos de las disidencias. Simultáneamente, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre el secuestro de Sara Sofía González Fajardo, una joven líder comunal del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca.

Un general de la Sexta División del Ejército explicó que solo en 2025 sus tropas incautaron tres toneladas y media de marihuana, una tonelada de pasta base de coca, capturaron a 16 integrantes de redes de finanzas y recuperaron a ocho menores de edad que habían sido reclutados forzosamente.

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Sin embargo, reconoció las limitaciones logísticas, especialmente en zonas de difícil acceso. “El Amazonas es el departamento más extenso y con menos infraestructura. Llegar a Leticia por tierra es imposible. Los recursos son finitos, pero el talento humano está comprometido con la misión”, afirmó.

El alto oficial también advirtió sobre la creciente incorporación de tecnología por parte de los grupos armados. “El narcotráfico y la minería ilegal les dan poder económico para adquirir tecnología, armamento y drones con los que están atacando a nuestros soldados”, advirtió.

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