Una marcada contradicción quedó en evidencia entre el anuncio entregado por el Presidente de la República sobre el comportamiento de la violencia en el país y el análisis técnico de las cifras oficiales realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el cual reveló que contrario al optimismo del mandatario, tanto el número de asesinatos como la tasa de homicidios por habitante aumentaron durante el año 2025.

El debate inició luego de que el Presidente utilizara su cuenta en la red social X para comunicar al país un “parte oficial y preliminar” de la Policía con corte al 30 de noviembre en el cual reconoció que el número de personas asesinadas es más alto que el año anterior, pero afirmó que se estaba bajando la tasa de este delito.

Sin embargo, los registros consolidados del propio Ministerio de Defensa desmintieron esta versión y mostraron un panorama más complejo para la seguridad nacional, pues la violencia letal no solo subió en cantidad de víctimas, sino también en su medición proporcional.

El informe de la FIP detalló que entre enero y octubre de 2025 los homicidios intencionales pasaron de 10.952 casos reportados en 2024 a 11.327 en el presente año, lo que representó un incremento del 3,4%.

Lo preocupante para los analistas es que la tasa, que es el indicador que mide la violencia por cada 100.000 habitantes, también subió en ese mismo periodo al pasar de 20,8 a 21,3.

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Las proyecciones indicaron que, al ritmo actual, el país cerrará el año con una tasa de 26 homicidios, superando la cifra de 25,4 registrada en 2024. Aunque el aumento se consideró moderado, el análisis enfatizó que se revirtió la leve caída que se había logrado el año anterior y que, al comparar los datos con los mismos meses de los últimos tres gobiernos, la violencia letal se mantuvo estable sin mostrar las mejoras anunciadas por el Ejecutivo.

Ante esta realidad, María Victoria Llorente, directora de la FIP, hizo un llamado directo a la administración central al advertir que “la vida sigue perdiendo la batalla” y pidió sensatez en la lectura de las estadísticas.

Llorente señaló que reconocer el problema es el primer paso para solucionarlo y advirtió que mientras el Presidente interprete de forma confusa los datos que él mismo presenta, no se tomarán las decisiones adecuadas para enfrentar la amenaza criminal.

El reporte explicó que las cifras nacionales muchas veces invisibilizan lo que ocurre en los territorios, donde la situación es dispar. Mientras en departamentos como Putumayo y Boyacá los homicidios bajaron un 55% y un 39% respectivamente, en otras zonas la violencia se disparó de forma alarmante.

El caso más crítico se detectó en Guaviare, donde los asesinatos aumentaron un 209% debido a nuevos focos de disputa entre actores ilegales, seguido por Risaralda con un alza del 79% impulsada por bandas criminales en Pereira.

En cuanto a las ciudades capitales, el comportamiento también resultó mixto. Cali y Medellín reportaron aumentos del 8,5% y 5,9% en sus homicidios, mientras que Bogotá y Barranquilla lograron reducciones del 0,6% y 7,8%. En el caso de la capital del Atlántico, los expertos sugirieron que la disminución podría estar relacionada con treguas entre bandas delincuenciales locales.

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Uno de los puntos más alarmantes del informe tuvo que ver con la libertad personal. El secuestro registró un salto histórico que no se veía desde hace casi dos décadas.

Mientras que entre enero y octubre de 2024 hubo 242 víctimas de este flagelo, en 2025 la cifra se disparó a 527 personas plagiadas, lo que significó un aumento del 117,8 %. Este comportamiento representó el mayor pico desde el año 2007.

De igual forma, las masacres mostraron una tendencia al alza. El Ministerio de Defensa reportó 75 masacres con 263 víctimas en lo que va del año, superando los registros de 2024. Esto implicó un aumento del 4,2% en el número de eventos y del 6,5% en la cantidad de personas asesinadas en estos hechos, revirtiendo la reducción que se había observado entre 2022 y 2024.

Ataques a la fuerza pública y población civil

La violencia directa contra los uniformados también se intensificó drásticamente. El número de heridos en las filas de la Fuerza Pública subió de 398 a 673, un incremento del 69,1%. Más grave aún resultó el dato de asesinatos de policías y militares, que pasó de 77 casos a 153, lo que indicó que las muertes de uniformados prácticamente se duplicaron en el último año.

Por el lado de la población civil, el desplazamiento forzado y el confinamiento alcanzaron máximos históricos. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), se registró el mayor número de desplazamientos masivos en 18 años, con un aumento del 69% en las víctimas, mientras que los casos de comunidades confinadas por el conflicto se triplicaron.

Finalmente, la FIP advirtió sobre la extorsión, un delito que, aunque mostró una disminución en las cifras oficiales recientes tras alcanzar un pico en 2024, en la realidad de los territorios sigue siendo una práctica generalizada.

Los recorridos en terreno evidenciaron que el subregistro es alto debido al miedo a denunciar, lo que confirmó que las estadísticas gubernamentales en este punto distan mucho de la realidad que viven los ciudadanos en las zonas bajo influencia de grupos armados.

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