Desde mucho antes de llegar a la Casa de Nariño, Gustavo Petro ya hablaba –en diferentes escenarios– sobre el fracaso de la guerra contra las drogas y la necesidad de un “cambio de paradigma” en la lucha contra las economías ilegales. Ya como Presidente sus declaraciones adquieren otro matiz y cada afirmación suya –relacionada con la regulación y despenalización de la coca, la amapola o el cannabis– deja en evidencia que su propósito es legalizar ciertas drogas, pese a que no lo dice de frente.

La más reciente intervención del mandatario es una muestra de ello y se enmarca en una estratégica y detallada hoja de ruta que se planteó el mismo Gobierno para comenzar no solo a ambientar, sino a liderar, la discusión a nivel local e internacional de la lucha contra las drogas.

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Se trata de un plan que comienza a concretarse apenas dos meses después de que Naciones Unidas reveló que las hectáreas cultivadas con coca en Colombia pasaron de 143.000, en 2020, a 204.000, en 2021. Es decir, un escandaloso incremento del 43 %. A ello se suma que el potencial para producir cocaína pasó de 1.228 toneladas en 2020 a 1.400 el año pasado.

Desde Catatumbo –la segunda región con más hectáreas de coca, solo superada por el Pacífico–, Petro desató la controversia al dar vía libre a que “campesinos puedan cultivar hoja de coca mientras van plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona”. Lo anterior, ante el reclamo de comunidades que han pedido un reenfoque en el tratamiento del problema advirtiendo que son “el eslabón mas débil, el que percibe menos ganancias y vincula un mayor número de personas”, como lo planteó el Comité de Integración Social del Catatumbo.

Según el Presidente, no se trata de “permitir la cocaína”, sino de propiciar la “gradualidad” en el cambio de economías, buscando dar con los dueños de los narcocultivos sin atacar a la comunidades y abarcando otros frentes como los insumos o la comercialización de clorhidrato de cocaína.

Cada uno de estos puntos tiene un propósito claro: posicionar –en escenarios como la ONU– la postura de Petro relacionada con la regulación y el cambio de paradigma “que concite la voluntad global y de América Latina hacia una agenda internacional concertada”, como lo dejó claro en su programa de gobierno. ¿Cuáles son los pasos que ha dado en esa dirección?

El primer paso es despenalizar ciertas drogas

Cuando no había pasado ni siquiera un mes del nuevo Gobierno, Petro autorizó al hoy director del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Felipe Tascón, para que hablara como su zar antidrogas en una entrevista con el The Washington Post. Allí el funcionario comenzó a ofrecer pormenores del plan y revelando que “la administración de Petro planea respaldar una legislación para despenalizar la cocaína y la marihuana”.

Según explicó Tascón, el primer paso es ponerle fin a las fumigaciones aéreas, así como a la erradicación manual de la coca. “Los narcotraficantes saben que su negocio depende de que se prohíba. Si lo regulas como un mercado público desaparecen las altas ganancias y desaparece el narcotráfico”, explicó, precisando que el programa de gobierno de Petro “no habla del problema de las drogas, (sino de) los problemas que genera la prohibición de las drogas”.

Quieren que la Cocaína genere impuestos

El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, sorprendió a mediados de octubre con una polémica propuesta a tono con la idea de Petro de legalizar la cocaína: que no solo se legalice, sino que se grave, mandando el mensaje de las “bondades” de un

“Hay que legalizar (y gravar) la cocaína. Y hay que penalizar a los evasores VIP, que año a año le cuestan al Estado entre $40 y $80 billones. Como están las cosas, en Colombia no habríamos cogido a Al Capone ni por traqueto ni por evasor”, señaló Reyes.

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Se permitirán los cultivos de hoja de coca

A medida que Petro hablaba del tema de la regularización, sus funcionarios comenzaban a hacer lo propio y el 21 de agosto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le dijo a este diario que “hay que pensar en los usos lícitos de la coca y el cannabis, y regularlos en mayor detalle a como están hoy”.

Osuna manifestó que se busca ofrecer el acceso a la productividad y la producción y comercio de alimentos “que les permita a los cultivadores cambiar esos cultivos por unos que también sean viables económicamente y ambientalmente sostenibles”.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que un campesino, en promedio, puede vender una arroba de yuca en $30.000, mientras que una de hoja de coca casi 50.000.

No atacar el consumo, sino tratarlo

El Gobierno también ha tratado de matizar la discusión y orientar la problemática alrededor de las drogas insistiendo en que el consumo es un tema de salud pública, más que un asunto penal. A ello se suma la idea de reforzar los efectos negativos en la salud de químicos como el glifosato: “El glifosato no se va a utilizar para fumigar cultivos, hay una orden muy clara de la Corte Constitucional que este Gobierno la acata, además hay suficientes argumentos ambientales, sanitarios y económicos para evitar la utilización de ese producto”, dijo el ministro de Justicia.

Cruzada internacional en busca de apoyo

En agosto pasado, Felipe Tascón admitió que el Gobierno buscaba aprovechar que países productores como Perú y Bolivia estaban gobernados por dirigentes de izquierda para promover la discusión sobre la despenalización de la cocaína. Es decir, conformar un bloque regional unificado para “renegociar las convenciones internacionales sobre drogas en las Naciones Unidas”.

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En efecto, ante la Asamblea General en septiembre calificó de “irracional” la guerra contra las drogas y en octubre dio otro salto en su idea de replantear el enfoque, cuando le presentó el plan en la Casa de Nariño a Antony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden, quien le dio un determinante guiño.

En su visita, el funcionario estadounidense dijo respaldar “vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de la justicia, el desarrollo, la protección ambiental, la reducción de la oferta y la demanda”. 

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