Las primeras sentencias restaurativas emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia fueron reconocidas como un "hito judicial" durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrada este viernes en Nueva York.

El reconocimiento se produjo durante la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, donde se destacaron las condenas contra siete exjefes del último Secretariado de las Farc por más de 21 mil secuestros y contra 12 militares por asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe, conocidos como falsos positivos. Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación, afirmó que "el proceso de justicia transicional está dando lugar a condenas sin precedentes".

Jenča explicó que este modelo de justicia no solo busca la aceptación de responsabilidad por parte de quienes cometieron crímenes graves, sino que también "involucra a las víctimas en el proceso y les ofrece reparación mediante medidas restaurativas que deben llevar a cabo los responsables".

Durante la sesión, varios países miembros del Consejo de Seguridad, como Francia, Corea del Sur, Grecia y Panamá, describieron las sentencias como "históricas" y expresaron su total respaldo a la imposición de estas sanciones propias a los máximos responsables que han contribuido con la verdad.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, subrayó la rigurosidad del trabajo de la JEP, al señalar que las sanciones son el resultado de exhaustivas investigaciones que examinaron "miles de pruebas y las contrastó con los testimonios de las víctimas acreditadas y las contribuciones de los responsables".

Por su parte, el embajador de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro, expresó su confianza en que la materialización de estas sentencias "sirva de inspiración al mundo". Alfaro también evocó las palabras del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, al recordar que si bien ninguna condena puede devolver a las víctimas todo lo que perdieron, sí "podría aliviar su dolor y el de sus familias".

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En el encuentro se hizo un llamado directo al Gobierno de Colombia para que asegure y establezca de manera inmediata las condiciones necesarias que permitan el cumplimiento efectivo de las sentencias y su transformación en acciones restaurativas concretas para las víctimas. En respuesta a este mandato, la Misión de Verificación de la ONU se declaró preparada para verificar de forma independiente y rigurosa la ejecución de dichas sanciones en el país.

Las condenas impuestas por la JEP se centran en acciones reparadoras que los responsables deberán ejecutar. Estas incluyen tareas como la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto, la participación en programas de acción integral contra minas antipersonal, y la construcción de monumentos conmemorativos e infraestructura comunitaria.

Además, se aclaró que las sanciones conllevan restricciones efectivas de derechos y libertad para los condenados, como la limitación de su movilidad, pues deberán residir en lugares determinados y vigilados mientras realizan las actividades restaurativas que les impone el tribunal.

El informe del Secretario General, que cubre el período entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2025, también resaltó otros avances significativos de la JEP. Entre ellos, se mencionó la audiencia en la que siete exmandos medios del Bloque Noroccidental de las Farc-EP reconocieron su responsabilidad por secuestros y otros crímenes de guerra y de lesa humanidad en Antioquia y otros departamentos.

Asimismo, el documento destacó la acreditación de más de 500 víctimas en el Caso 11, que investiga violencias basadas en género, sexuales y reproductivas. El informe subrayó que, a la fecha, de los 15.000 comparecientes ante la JEP, 242 han sido identificados como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo que demuestra el cumplimiento del mandato de la jurisdicción de investigar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado.

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