La condena a siete años de privación de la liberta impuesta al menor que disparó y causó la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay reabrió un debate sobre la responsabilidad penal de los menores de edad. ¿Debe modificarse el sistema que regula la responsabilidad penal para adolescentes en Colombia?

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explica que los menores tienen derecho a un tratamiento penal diferenciado en materia de justicia y eso está consignado en la Ley 1098 de 2006. Eso quiere decir que no se habla de penas sino de sanciones y que estás tienen una función pedagógica por lo que su pena maxima es de ocho años.

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En ese entendido, Bernate asegura que la forma en la que se está sancionando a los menores es la correcta y que el foco debe ponerse sobre los adultos que los instrumentalizan. "Si enfocamos el problema a sancionar de manera más elevada los menores de edad pues ciertamente, ello primero contradice los estándares internacionales pero además el problema no son ellos, el problema es que son utilizados por organizaciones criminales. Si aumentamos las sanciones para los menores estamos dejando el camino abierto para que las organizaciones criminales gocen de una absoluta impunidad".

Con ese argumento coincide el penalista Juan Felipe Criollo, quien dice que ya se volvió una costumbre que los adultos utilicen menores a su conveniencia para cometer delitos. "Ellos ya saben y los sensibilización sobre que su privación de la libertad será ínfima por lo que hacen un trabajo para convencerlos a través de recompensas".

Sin embargo, el penalista Juan Felipe Criollo va más allá al asegurar que para él, el sistema sí tiene que ser repensando. "La razón del sistema esta pensando en la restauración y la protección del menor, lo cual debe seguir prevaleciendo, pero deben modificarse algunas funciones no propiamente en el aumento de las penas, sino en la forma en la que se está pensando este sistema".

El menor señalado de disparar y acabar con la vida de Miguel Uribe fue sentenciado luego de que aceptará ser contactado y convencido para atacar al legislador del Centro Democrático. Las pesquisas permitieron establecer que una vez estaba en el lugar del atentado, Elder José Arteaga Hernández "El Costeño", señalado de coordinar el crimen, le entregó una pistola Glock 9 mm.

Con el arma en su poder, el adolescente se encaminó hasta el lugar donde Uribe adelantaba un mitin político y le disparó en al menos tres ocasiones, lo que le causó graves heridas al congresista que fue llevado esa noche a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde murió el pasado 11 de agosto.

Tras el ataque, el menor de edad intentó huir pero fue interceptado por la Policía e integrantes del esquema de seguridad del precandidato y puesto a disposición de las autoridades para su judicialización.

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Durante la audiencia de acusación realizada el pasado 4 de agosto, el joven aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Siete días después, el senador y precandidato Uribe Turbay murió.

La defensa del menor apeló la decisión y será el Tribunal Superior de Bogotá el encargado de confirmar o modificar la sentencia.

Además del menor de edad, por este caso fueron arrestados Elder José Arteaga, considerado la pieza clave para conectar a los detenidos con los autores intelectuales. Además de Katerine Martínez, alias “Gabriela”, señalada de entregar el arma homicida.

Otros implicados son William González Cruz, alias “El Viejo” o “El Hermano”; Carlos Eduardo Mora, conductor del Spark en el que fue trasladada el arma; y Christian González Ardila, señalado de conducir la moto que tenía que sacar al sicario del lugar.

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