“No tiene sentido hablar de mi caso”, dijo, y prefirió poner sobre la mesa “los datos crudos” de una violencia que no distingue cargos ni trayectorias y que según Naciones Unidas golpea de forma desproporcionada a quienes integran las Juntas de Acción Comunal (JAC), líderes de la democracia local que quedaron en la mitad del conflicto armado, entre la disputa de los grupos ilegales y la ausencia de control institucional, un fenómeno que avanza en silencio, pese a las alertas internacionales.
El dirigente comunal del Cauca, a quien llamaremos "José", para proteger su identidad por las amenazas que enfrenta, explicó a Colprensa que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre en su departamento fueron asesinados 38 líderes sociales en hechos relacionados con el conflicto armado, entre ellos ocho campesinos y campesinas, una persona por participación cívica, tres defensores de derechos humanos, diez líderes étnicos, seis presidentes y directivos de JAC, cinco sindicalistas y cinco líderes urbanos, de acuerdo al recuento de las propias organizaciones en el territorio.
Según su relato, la violencia se expresó también en “siete masacres” y en homicidios ocurridos en municipios como Bolívar, Puerto Tejada, Guachené, Argelia, Mercaderes, Corinto y Popayán, cifras que advirtió podrían ser mayores porque “hay situaciones y asesinatos que no se reportan”, así como un subregistro de amenazas y de “reclutamiento de niños, niñas y adolescentes” que calificó como “cada vez más alarmante”.
En ese mismo periodo se registraron 557 muertes violentas en el Cauca, con 265 casos en el norte del departamento, 124 en el sur, 86 en el centro, 18 en el oriente y 15 en la región del Pacífico.
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Amenazas cotidianas y control armado
José describió que las amenazas llegan “por estos aparaticos”, en referencia al celular, mediante llamadas, mensajes o intermediarios, una práctica que se activa “cuando tocan un territorio” y los grupos ya “tienen información suficiente de los líderes”, lo que atribuyó a la existencia de “informantes”.
En su diagnóstico, el Cauca vive “una situación muy complicada en términos de conflicto”, con enfrentamientos entre disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), la Fuerza Pública y choques “entre las mismas disidencias”, y sostuvo que “la gran mayoría de eventos violentos” fueron cometidos por esas estructuras armadas, con ataques que incluyeron explosivos y bombardeos “no precisos” que afectaron “a la población civil”.
El líder señaló que desde julio se registró la entrada de las disidencias que se autodenomina “Andrés Patiño” al Macizo Colombiano, con presencia en municipios como “Almaguer” y “Bolívar”, lo que derivó en “desplazamientos, amenazas a líderes y una serie de asesinatos”, y agregó que esa expansión coincidió con la llegada de “maquinaria amarilla” para la “extracción de mineral ilegalmente en los ríos”.
Sobre la respuesta estatal, afirmó que existe “connivencia entre fuerzas policiales y militares y estos grupos criminales” y cuestionó cómo esos grupos se desplazaron “en camiones, volquetas y chivas” por la vía Panamericana y carreteras secundarias “sin que sean percibidos por las autoridades”, algo que, dijo, les “preocupa”.
José explicó que, aunque participan en escenarios como la Mesa de Garantías y realizan denuncias, “es muy difícil darle pruebas” a las autoridades y recordó que el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, “nos pedía pruebas”, mientras que con el actual titular de la cartera, Pedro Sánchez, “hablar no es posible” porque “tiene siempre la espada en la mano”, expresión con la que describió una respuesta “en contra de lo que nosotros podamos denunciar en contra del Ejército y de la policía”.
A pesar de contar con un esquema de la Unidad Nacional de Protección (UNP), señaló que “no es seguro totalmente” y que, aun así, “uno no se puede quedar quieto”, porque el liderazgo exige “estar en la comunidad, en la movilización, en la Asamblea, en el Cabildo”, una decisión que sostuvo tras recordar que lleva “50 años luchando porque este país consiga la paz” y que, pese a haber estado preso por denunciar y haber sido objeto de montajes, no se va “a rendir”.
Las cifras que confirman la alerta
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos corroboró que la violencia contra las Juntas de Acción Comunal es una de las más graves dentro del universo de líderes sociales. Entre 2016 y el 1 de agosto de 2025 verificó “383 homicidios de miembros de Juntas de Acción Comunal” con relación causal con su liderazgo, de los cuales “el 44% de todos los homicidios” de líderes sociales correspondió a este sector.
Tan solo en 2024 y en lo corrido de 2025, la ONU verificó 64 casos de 85 alegaciones, y ubicó los picos en 2018 con 115 y en 2022 con 202, con una disminución posterior a 105 en 2023 y 89 en 2024.
Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Norte de Santander, Putumayo y Cauca, y los presuntos responsables fueron mayoritariamente Grupos Armados No Estatales, entre ellos disidencias de las Farc, el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o también llamado Clan del Golfo.
Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado, explicó que la violencia se inscribe “en el contexto del control social que ejercen los grupos armados no estatales” para dominar “el territorio y las economías ilícitas”, y advirtió sobre “amenazas”, “renuncias”, “desplazamientos”, intentos de “cooptación”, “suplantación” de liderazgos e imposición de tareas como “el cobro de multas”, la “carnetización” o la “extorsión”, un escenario que se agrava en épocas electorales.
¿Por qué las JAC quedaron en la mira?
Gerson Arias, investigador de conflicto y seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explicó a esta agencia de noticias que los ataques se concentran en las JAC por tres razones. La primera, dijo, es que tras la desmovilización de las Farc “no existió una estrategia ni militar ni institucional para ocupar y reemplazar la gobernanza”, lo que dejó a las JAC “en la primera línea de ataque”.
La segunda razón fue la expansión de los grupos armados en un contexto de decisiones que calificó como “erradas” en la política de paz, lo que, señaló, “duplicó” la presencia y capacidad de estas estructuras y dejó a los líderes comunales “sin garantías de protección”. La tercera fue la “gobernanza armada y criminal”, que busca “reemplazar estos liderazgos” y amenaza o asesina a quienes “no sigan las órdenes”.
Según Arias, las Juntas se convirtieron en objetivo porque son la estructura más cercana a la comunidad y un obstáculo para la imposición de reglas armadas. “Los grupos ejercen una gobernanza armada y criminal y reemplazan estos liderazgos. Quien no sigue las órdenes es amenazado, asesinado o desplazado”, explicó.
El investigador indicó que Antioquia, Norte de Santander y Cauca comparten haber sido antiguas zonas de control de las Farc, una fuerte presencia de economías ilícitas como la coca y la minería ilegal y escenarios de disputa armada que reducen la capacidad de protección estatal. “Cualquier liderazgo que se oponga al control de estas economías queda expuesto”, afirmó.
Sobre la política de protección, Arias sostuvo que esta no responde a la realidad de los líderes comunales rurales. “Se intenta proteger liderazgos en zonas donde ni siquiera existe un control básico de la fuerza pública”, explicó y añadió que la protección “se limita muchas veces a un chaleco o un teléfono”, sin una adaptación real a las condiciones territoriales.
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Arias advirtió además que, más allá de los homicidios, avanza un fenómeno menos visible: la cooptación de las Juntas. “Hay organizaciones creadas o cooptadas por los grupos armados que se están convirtiendo en oficinas administrativas de economías ilegales”, señaló.
De cara a las próximas elecciones comunales, alertó que el mayor riesgo no es solo el asesinato, sino el silencio forzado. “Líderes legítimos están optando por no continuar, por desplazarse o por callar, lo que abre la puerta a liderazgos afines a los intereses armados”, concluyó.
A pesar del panorama adverso, la falta de garantías y la desconfianza en los esquemas de protección —que el líder caucano calificó como “no seguros totalmente”—, la estructura comunal resiste.
Cerró con una petición concreta al Estado al señalar que “si mínimamente se hubiera cumplido lo que se negoció en La Habana en 2016”, el conflicto no se habría extendido y sostuvo que el narcotráfico y la minería ilegal “no son una causa, son una consecuencia”, mientras reiteró que, pese a las amenazas, seguirá en el territorio porque “la defensa de la vida, la defensa de los derechos humanos y de las comunidades” no es “cosa de las películas”, sino “cosa de la realidad”.
“Llevo 50 años luchando porque este país consiga la paz. Y no me voy a rendir”, concluyó el líder desde algún lugar del Cauca, reafirmando que, aunque su vida valga poco para los violentos, la defensa del territorio continuará.
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